40 entidades públicas con ‘mayor riesgo de corrupción’, dice informe
En la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la Secretaría de Política Pública Anticorrupción aplica plan piloto de prevención con el diseño de metodologías.
A las manos del mandatario Guillermo Lasso llegó hace pocos días un informe con el “mapeo” de instituciones y sectores con mayor riesgo de corrupción en el Ecuador. Fue elaborado por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, adscrita a la Presidencia de la República y liderada por Luis Verdesoto, con el propósito de establecer acciones de lucha contra este problema.
De las 170 instituciones de la Función Ejecutiva analizadas por el organismo, 40 se consideran como más propensas a la corrupción. Verdesoto aclara que no es que se estén dando irregularidades actualmente, sino que, por sus historias y perfiles, estas entidades son las más sensibles en
El equipo técnico de la Secretaría elaboró ficha de diagnóstico por cada una.
este asunto.
El equipo técnico de la Secretaría elaboró una ficha de diagnóstico por cada una, en la que se detallan sus principales puntos débiles. Pero enfocarán su trabajo de prevención para los próximos dos años de Gobierno en 30 instituciones.
Verdesoto no da la lista de estas entidades con mayor riesgo de corrupción ni sus problemas puntuales, pero adelanta que de momento están aplicando un plan piloto en dos de ellas: la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Dicho plan pasa por la elaboración de metodologías para detectar y subsanar tales riesgos.
Explica que ahora se está trabajando en una sistematización de “riesgos compartidos” que se detectaron en las entidades del sector público con base en entrevistas a autoridades y funcionarios, y que se dan en dos áreas principalmente: el tráfico de influencias y el abuso de la discrecionalidad en la toma de decisiones. Esta información aún no la tiene Guillermo Lasso.
En cuanto al tráfico de influencias, Luis Verdesoto explica que hay riesgos para la designación de las autoridades, en la flexibilización de sistemas o en los esquemas del sector público por falta de control de registros o beneficiarios de algunos proyectos, que haya posibilidades de clientelismo político al negociar espacios o puestos e irregularidades en la contratación pública, como sobreprecios, procesos extemporáneos, cambios de reglas y sobornos para agilizar pagos.
Respecto del abuso de discrecionalidad, el funcionario señala que puede darse en la concesión de permisos y licencias, trámites de control, exigencia de requisitos innecesarios, nombrar cargos de libre remoción...
Otras debilidades detectadas son los procesos de sanción que generen impunidad, falta de transparencia y acceso a la información, y también de auditorías internas y externas de buena calidad, y de capacitación a los funcionarios del sector público.
El funcionario está trabajando, asimismo, en mecanismos para determinar el nivel de penetración de dineros ilegales en la economía ecuatoriana. Por lo pronto, dice que tiene el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): han conseguido que convierta a Ecuador en un “país tipo” para elaborar una metodología de indicadores de lavado de activos. Esto se concretaría el año próximo. “El lavado de activos es muy complejo. No se trata de medir solo cuánto dinero sucio
El análisis de riesgo de corrupción se realizó en 170 entidades públicas.
hay, sino de cómo se hace”, reflexiona Verdesoto.
Estos temas se han discutido en el seno del Comité Anticorrupción que creó el presidente de la República con los representantes de todas las funciones del Estado y otros delegados de la sociedad civil. Ya se han conformado cinco mesas de trabajo para plantear acciones, y el mandato es tener los primeros resultados en los dos próximos meses. (I)