Al borde del caos
El país está asistiendo a un denigrante y peligroso enfrentamiento entre poderes del Estado por el dominio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para con ese dominio designar a los titulares de los organismos de control. Es denigrante, porque en esa disputa salen a la luz los más bajos instintos, y es peligroso porque las maniobras empleadas por los contendientes arriesgan la estabilidad de la República, su prestigio internacional, y mantendrán por las nubes el riesgo país. Lo que al principio pudo parecer un mero enjuiciamiento político por la mayoría parlamentaria de la Asamblea a cuatro miembros del Consejo de Participación para destituirlos y simplemente reemplazarlos por suplentes y con ello recuperar la mayoría perdida, está yendo mucho más lejos, porque la mayoría destituida del Consejo ha recibido del Gobierno un respaldo que lo ha llamado, en términos casi diplomáticos, “reconocimiento”, como que se reconoce a un gobierno extranjero, y que no sabemos bien qué significa. Así las cosas, es una lucha entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y los destituidos han recurrido a otra creación de la Constitución de Montecristi, los recursos judiciales de protección de sus derechos. Irónicamente, son estos dos inventos de esa Constitución los que se encuentran en la contienda. El bloque legislativo mayoritario quiere destituir a la mayoría, llamada gobiernista, del Consejo de Participación, y estos se defienden usando los recursos de protección. Si se derogara la Constitución de Montecristi y quedara vigente la anterior, dejarían de existir el Consejo de Participación y estos recursos de protección absurdos que confieren a cualquier juez de cualquier remoto sitio la facultad inflada y ridícula de suspender las decisiones de los poderes del Estado. Hay que volver a la racionalidad.
El Gobierno tuvo a su disposición varios recursos para evitar lo que está viviendo: pudo disolver la Asamblea antes de que esta destituyera a cuatro miembros del Consejo de Participación –lo que fue una guerra largamente anunciada–, pudo someter a consulta popular la derogatoria de la Constitución de Montecristi y la vigencia de la de 1998, actualizada. Pero el Gobierno no debería descartar el acudir a estas medidas heroicas si no sale airoso de esta prueba de fuerza con la Asamblea o si las exigencias de la Conaie y compañía se tornan intolerables, como es evidente que lo son por el rechazo de la ciudadanía y el desacuerdo manifestado por el ministro de Finanzas con lo que podríamos llamar pródiga prodigalidad del ministro de Gobierno, que parece no saber el costo presente y futuro de su debilidad evidente en las llamadas mesas de diálogo. La Asamblea, su presidente, tampoco han tenido actitudes que puedan ser consideradas ejemplares, ni mucho menos; tan es así que la mayoría de los suplentes de los vocales destituidos del Consejo de Participación se han demostrado renuentes a atender la citación de la Asamblea a ser posesionados como principales. Actitud digna que contrasta con la de los llamados “diputados de los manteles”.
Estamos a puertas del caos y es necesario tener el valor para seguir adelante, aun si las autoridades flaquean. (O)