COMPARECEN EN EL JUICIO A EXMINISTRA

Solo dos de los cinco testimonios previstos se registraron en el primer día de comparecencias en la Comisión de Fiscalización, que procesa el pedido de juicio político a la exministra de Salud Ximena Garzón (foto), planteado por los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Natalie Viteri, del Partido Social Cristiano. Garzón está acusada de un supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de compra de medicamentos por regímenes especiales a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), con la participación del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y las empresas públicas creadas por universidades estatales que debieron cambiar su objeto social para obtener los permisos de la Agencia Nacional de

Supuesto incumplimiento de funciones en proceso contra Ximena Garzón.

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa ), para poder vender medicamentos, insumos y dispositivos médicos a los hospitales del país.

La compareciente María Sara Jijón, directora del Sercop, confirmó que Gisberg Ecuador no podía contratar con el Estado desde el 11 de julio 2019, porque la Empresa Pública de Fármacos del Ecuador (Enfarma EP) avisó de la declaratoria de contratista incumplido.

En mayo del 2022, Arcsa retiró los registros sanitarios y la certificación de buenas prácticas de manufactura, pero los interpelantes cuestionaron que Gisberg Ecuador haya comercializado medicinas durante el primer año del gobierno de Lasso, sin los permisos.

Karina Paladines, directora de Auditoría de Salud de la Contraloría, reveló que esta generó 166 informes generales y 87 con indicios de responsabilidad penal entregados a la Fiscalía relacionados con compras de medicinas e insumos entre 2019 y 2022, tanto en el IESS como en el MSP. Y afirmó que cuatro informes generales y uno con indicios de responsabilidad penal incluyen en su análisis el periodo de gestión de la exministra Garzón. (I)