Impase diplomático por la fuga de Duarte escala a nivel de los presidentes
Lasso y Fernández se lanzan acusaciones en torno a la salida de la exministra de la sede argentina en Quito.
Los asambleístas Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas, del bloque Pachakutik (PK), desistieron de impulsar el juicio político en contra del exministro del Interior Patricio Carrillo y de los secretarios de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y de Derechos Humanos, Paola Flores, debido a que la Comisión de Fiscalización del Parlamento negó la calificación de al menos 70 pruebas que los interpelantes habían presentado.
A esto se suma que cuatro de los 36 asambleístas que inicialmente respaldaron con su firma el juicio retiraron su apoyo; pese a ello, una mayoría de los miembros de la mesa legislativa calificó el juicio.
Luego el secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, presentó una acción de protección ante la justicia ordinaria, cuya audiencia judicial está suspendida.
La solicitud de juicio político la presentaron los asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, del bloque Pachakutik, por incumplimiento de funciones y por cinco motivos: inadecuado control y manejo de la fuerza pública en el paro nacional de junio del 2022, matanza en las cárceles, inseguridad ciudadana, consecuencias del narcotráfico y femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo.
Los dos legisladores interpelantes remitieron el pasado lunes un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, Fernando Villavicencio, anunciando el desistimiento de continuar con la interpelación a los dos funcionarios y al exministro del Interior.
Ricardo Vanegas, uno de los interpelantes, afirmó que al inicio del proceso anunció la presentación de nuevas pruebas, pero que en la sesión de la comisión realizada la semana pasada fue negado el pedido de calificación. “(Por lo tanto), no voy a llevar adelante un juicio sin pruebas. Aquí hay un entendimiento entre el Gobierno y los asambleístas correístas; si no, ¿por qué me negaron la petición? Ellos están acostumbrados a juzgar sin pruebas, pero yo no acuso sin pruebas”, subrayó el asambleísta.
Por su parte, la legisladora Sofía Sánchez indicó que los representantes del correísmo y del Gobierno no calificaron las pruebas ni los testimonios, y sin pruebas no se puede acusar a los funcionarios.
“A mí me parece absurdo y muy raro el comportamiento que tienen los asambleístas de la comisión, que inicialmente apoyaron que el juicio político continúe y ahora no quieren dar paso a las pruebas. Son comportamientos extraños”, advirtió Sánchez.
En el documento remitido a la comisión, los dos legisladores de Pachakutik desisten de continuar con la interpelación del exfuncionario Patricio Carrillo
y los dos secretarios, Diego Ordóñez y Paola Flores, y exponen varias razones.
Una es que la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político no aprobó el ingreso de pruebas nuevas, como lo había expresado en votaciones en las providencias con n.° CEPFCP-2021-2023-054 y n.° CEPFCP-2021-2023-055 de fechas 14 de marzo y 17 de marzo del 2023. Se negaron 75 pruebas no solo documentales, sino testimoniales, sin la motivación suficiente.
Los interpelantes también sostuvieron que dichos actos les impiden a ellos poder sustentar el desarrollo de la acusación, violentando el debido proceso; que son respetuosos del debido proceso contemplado en el artículo 76 de la Constitución, el principio de legalidad pública (artículo 126) y del régimen jurídico de la Asamblea Nacional (artículo 126), como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República del Ecuador.
Remarcaron que no pueden prestarse a empujar un juicio político sin pruebas en la acusación política.
También anotaron que han existido presumibles errores procesales, tanto en la determinación de las firmas como en el proceso legislativo que ha confluido en una acción de protección en curso.
Sostuvieron que, en concordancia con lo establecido en la Constitución para precautelar los derechos de las partes intervinientes, los intereses ciudadanos y el respeto irrestricto a las normas señaladas, desistieron del presente juicio.
Luego que el presidente Guillermo Lasso expuso su insatisfacción contra su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, en medio del escándalo generado por la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte, en que dijo que el mandatario argentino puso por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa, Fernández respondió y dijo que tomaba con pesar las declaraciones.
A través de una misiva, el mandatario argentino recalcó a Lasso que debería buscar a los responsables de su Administración que no tuvieron la diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclaman.
“Allí están los responsables, no en Argentina”, subrayó, y se defendió alegando que Duarte, a quien su país le había concedido asilo político por razones humanitarias, gozaba de plena libertad, y que su país “no tenía el deber de custodia sobre ella (en la Embajada de Argentina en Quito) ni ninguna capacidad de acortar sus movimientos”.
Fernández dijo que la salida de Duarte de la sede de la embajada escapa absolutamente a la voluntad y a la capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas.
El mandatario calificó de reacción desmesurada la del Gobierno de Guillermo Lasso al expulsar al embajador argentino, Gabriel Fuks, y dijo que eso es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que existe entre argentinos y ecuatorianos.
“El buen vínculo... lo mantendremos a pesar suyo. La gravedad y la injusticia de esa decisión demuestran que es su exceso lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos”, apuntó.
No obstante, Fernández enfatizó que se trata de una situación fácil de remediar.
“Solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará”, indicó.
El mandatario argentino subrayó también el respeto que siente por Lasso y que quiere que la institucionalidad ecuatoriana se preserve, pero lamentó y dijo que lastima ver que en Ecuador “la justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”.
Fernández pidió a Lasso recibir sus palabras con el sincero afecto de siempre. “Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente, producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano, con el amor que a nuestros pueblos vincula”, finalizó la misiva.
Más temprano, y a través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente Guillermo Lasso había expresado: “Me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador”.
En un segundo mensaje etiquetó a los presidentes Andrés Manuel López Obrador, de México; Gustavo Petro, de Colombia; y Gabriel Boric, de Chile. También nombró a Luis Almagro, secretario general de la OEA; Mauricio Macri, expresidente de Argentina, entre otros personajes.
El mensaje de Lasso se dio una semana después de que se conoció que la exministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Correa abandonó la Embajada de Argentina en Quito, donde permaneció refugiada desde agosto de 2020.
Duarte fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016.
Su último paradero conocido es Venezuela.
El siguiente juicio político por procesarse es el del ministro Darío Herrera.
Duarte fue sentenciada a ocho años de prisión dentro del caso Sobornos.