$ 3,2 millones habría recibido un asesor de la vicepresidencia de Lenín Moreno
Un total de 37 personas, entre exfuncionarios públicos, empresarios, familiares y cercanos a estos, son investigados por la Fiscalía por el delito de cohecho en el denominado caso Sinohydro.
El abogado Carlos Almeida es uno de los tres profesionales del derecho investigados por la Fiscalía por ser parte de una trama de corrupción armada para supuestamente hacerse de más de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Almeida fue acusado por la fiscal general, Diana Salazar, de recibir personalmente, vía cheques y transferencias un total de $ 1’450.000 y a través de la compañía Carfal Corporation, de la que el abogado mantendría el 90 % de las acciones, habría recibido $ 1’800.000.
Por el delito de cohecho en el caso Sinohydro son procesadas 37 personas, entre ellas, el expresidente Lenín Moreno, su esposa, una hija, dos hermanos y dos cuñadas.
Según Salazar, esos $ 3,2 millones recibidos provendrían de los recursos depositados por Sinohydro en cuentas en Panamá relacionadas a Comercial Recorsa, del empresario y también procesado Conto Patiño. La versión rendida por el propio Almeida, un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) e información parte de la asistencia penal internacional enviada por Panamá fueron los elementos de convicción que presentó la Fiscalía para formular cargos contra el abogado de 77 años de edad.
El 22 de febrero pasado, el mismo día que la Fiscalía solicitó día y hora para formular cargos en este caso, Carlos Almeida rindió su versión vía videoconferencia. Él señaló que de lo que habían revisado sus abogados, su nombre no aparece y al no tener conocimiento de los hechos que se investigan se encontraba ‘imposibilitado’ para emitir su opinión o comentario en este caso.
La fiscal Mayra Soria, designada para la versión, le explicó a Almeida que dentro de la investigación previa habían recabado varias asistencias penales internacionales de las que se desprendían movimientos financieros de la empresa Recorsa, en los que constarían transferencias a su nombre.
Al ser consultado sobre si mantenía algún tipo de relación con la empresa Recorsa, Almeida dijo que no, pero aceptó que sí la mantenía con el “presidente o gerente general”, Conto Patiño. Ya en la formulación de cargos, Salazar recordó lo que dijo Almeida respecto a que Patiño llamó al abogado para hacerle algunas preguntas, algunos asesoramientos en la parte legal.
“De la empresa Recorsa no conocía nada. Como los trabajos de esas consultas, de esas asesorías no me pagaba porque estaba en una situación de quiebra (...) me dijo que me ha de pagar cuando vendan unos terrenos o algunas cosas que tenían en Esmeraldas. Nunca me pagó y en algún momento me llamó para decirme que me ha de pagar en algún ratito que parece que ya está mejorando su situación económica”, señaló Almeida en su versión, pero Salazar, en la audiencia de inicios de marzo pasado, comentó que esta última parte se daba porque ya habían recibido los dineros de la coima entregada por Sinohydro.
En el momento que le iba a abonar parte del dinero que le debía Patiño por trabajos hechos por Almeida, el abogado indicó que el dueño de Recorsa le habría dicho que los dineros iban a ser entregados a través de esa empresa y el condicionante era que todo el pago sería a través de transferencias y en Panamá. “A mí me interesaba cobrar lo que me debía, entonces le dije que bueno”.
En esa versión, Almeida no dio detalles exactos de los trabajos hechos, las fechas, ni tampoco de los montos que le adeudaba Patiño. No recordaba bien, decía, porque han pasado muchos años de ello o porque aducía que él es una persona de bastante edad.
La fiscal le preguntó a Almeida: ¿Nos puede decir cuándo hizo los cobros de estas asesorías? Respondió Carlos Almeida: “Eso le digo que me hizo una transferencia, pero eso también bastante tiempo hace doce o catorce años, no recuerdo”. La fiscal repreguntó: ¿Usted cobró a los doce o catorce años me está tratando de decir? Respuesta: “Sí, hace ese tiempo, doce años, trece años”.
Más allá del condicionante hecho para que la entrega de dineros se debían dar mediante transferencias y en Panamá, en ese momento a Almeida no se le preguntó, ni habló de la compañía Carfal, ni de montos exactos que le adeudaban o le entregaron desde Comercial Recorsa.
Para el 6 de marzo pasado, Pablo Almeida, hijo del abogado procesado, rindió su versión voluntaria y sin juramento. En ella, él señaló que Carfal, una empresa constituida en Panamá, es de propiedad de su padre y la constituyó en el 2011, aproximadamente. Dijo que él tiene una participación del 10 % de las acciones, pero que ingresó a ser parte de Carfal porque su padre le dijo que para cumplir un requisito necesitaba un socio adicional.
“Yo nunca tuve ni manejo administrativo, legal, financiero de la empresa, ni de sus cuentas bancarias. Carlos Almeida me dijo que se abría la empresa para asesoría internacional que iba a hacer como abogado. Yo no he recibido pagos, ni honorarios, ni he tenido acceso a los bancos para conocer qué se cobró, qué se depositó ahí”, sostuvo Pablo Esteban Almeida.
El versionante de 46 años refirió que hace unos tres o cuatro años le preguntó a su padre sobre el estado de Carfal y la respuesta que habría recibido es que estaba cerrada desde 2016 o 2017.
Ante la consulta de la fiscal Soria sobre si conocía si su padre fue abogado de Lenín Moreno, Pablo Almeida respondió que sabía que fue su amigo y que también trabajó en la Vicepresidencia como asesor cuando Moreno era vicepresidente de la República. “Desconozco si fue abogado de él (Lenín Moreno)”, anotó.
Según versiones, Conto Patiño era el representante comercial de Sinohydro.