Mediocridad
Muchas explicaciones se han propuesto para aclarar el rosario interminable de torpezas cometido por los y las asambleístas que promueven el enjuiciamiento político del presidente de la República. La más generalizada –y a la vez la más generosa con este grupo– es la que sostiene que, debido a que el objetivo es poner fin al mandato de Guillermo Lasso y, ya que supuestamente cuentan con los votos necesarios, no tienen para qué ceñirse a formalismos legales. Como dijo una de las integrantes de la comisión conformada para ese fin, si lo que importa es deponerlo, el motivo ya se encontrará en el camino. Otra explicación es la que sostiene que todo el enredo montado por la comisión y sus asesores, al que se unieron los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y contó con los votos necesarios en el pleno, se debe a una componenda con el Gobierno. En palabras sencillas, sería puro tongo.
Aunque en principio esta última parece delirante, no debe ser dejada de lado, ya que puede ser la manera de esconder las motivaciones de fondo de gran parte de los asambleístas. A pesar de la predominante mediocridad, todos ellos saben que el juicio político al presidente es imposible en el marco de la Constitución vigente. Esta le da al primer mandatario la facultad de disolver la Asamblea en cualquier momento, incluso cuando esta le está juzgando. En ese caso, ellos quedarían fuera de juego y, por efecto de su deplorable desempeño en este periodo, tendrían nula posibilidad de volver a ese espacio. Por tanto, el tongo no se originaría en un acuerdo entre algunas de las bancadas y el Gobierno, sino en el comprensible temor de perder el puesto con todas las ventajas y canonjías que este les asegura. Esto explicaría que esas personas y sus asesores a lo largo de varias semanas no han podido elaborar algo medianamente coherente y apegado a las normas vigentes.
Si esto fuera así, lo más probable sería que el desenlace de este episodio se produjera en la Corte Constitucional, que se vería obligada a rechazar o descartar (o algún sinónimo del lenguaje jurídico) un documento que no serviría siquiera para aprobar el primer año de bachillerato. Con ello, los grupos que se embarcaron en la aventura del juicio político porque creyeron que los vientos soplaban en esa dirección buscarían salvar su imagen al afirmar que hicieron lo posible pero que la Corte se los impidió.
Todo esto suena bastante lógico, pero no es suficiente para comprender el papel de los impulsores del juicio en toda esta cadena de torpezas. Ellos han conducido todo el proceso, tuvieron mayoría absoluta en la comisión que elaboró, reelaboró, corrigió y saturó de errores el documento, se impuso en el CAL y constituye la primera mayoría relativa en la Asamblea. Todo eso estuvo guiado por su objetivo central, que es instalar un gobierno débil, al que puedan obligarle a conformar la famosa comisión de la verdad para limpiar la imagen de los corruptos. Por tanto, cuesta aceptar que las torpezas provengan exclusiva o principalmente de la ambición de permanencia de los otros. Posiblemente solo queda reconocer la validez del principio conocido como la navaja de Ockham, que sostiene que, frente a dos o más explicaciones contrapuestas, la respuesta adecuada es la más sencilla. En este caso, la respuesta cabe en una palabra: mediocridad. (O)
Todo eso estuvo guiado por su objetivo central, que es instalar un gobierno débil...