Audios de Mayra S. dejan bajo investigación a ‘Andrés Militares’ y exvocal de CJ
Se investigan posibles irregularidades en una acción de protección concedida al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Poco a poco se va conociendo el expediente del caso Purga, en el que son investigadas doce personas por el delito de delincuencia organizada, y van apareciendo las conversaciones, fotos y audios que confirman los hechos relatados por la fiscal general, Diana Salazar, en la formulación de cargos, audiencia realizada entre el 4 y el 5 de este mes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.
Uno de esos hechos explicados por Salazar, en los que habían existido irregularidades, es el relacionado a una acción de protección con medida cautelar que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) presentó en 2022 en cortes de la provincia del Guayas contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito, dentro de un contrato de repavimentación por $ 30 millones.
La Fiscalía señaló que en primera instancia la jueza Larisa I., de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, declaró sin lugar la referida acción constitucional, que fue apelada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Es en ese punto, dijo Salazar, donde los jueces provinciales Fabiola G., Guillermo V. y Henry T. conocen este proceso y revocan la sentencia de primera instancia, aceptando la acción de protección. La teoría de Fiscalía sostiene que esta decisión se habría emitido a cambio de una dádiva.
Supuestamente lo que la jueza Fabiola G., expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, habría pedido a cambio de este fallo es la remodelación del piso del salón de la presidencia de la Corte del Guayas. “Por orden de Fabiola G., la relacionista pública contratada y pagada por Pablo M., Mayra S., fue la encargada incluso de seleccionar el piso a usarse en la remodelación (...) y cuya compra e instalación fue pagada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, refirió la fiscal.
Al revisar el expediente, en él se encuentran conversaciones a través de la plataforma WhatsApp Business entre Mayra S., funcionarios judiciales que llevan el proceso, así como también con quien sería el nexo con la parte demandante y que era identificado como “Andrés Militares”.
El 21 de julio de 2023, Andrés Militares escribe a Mayra S.: “Mayra, buenas noches. (...) Le escribí a la doctora presidenta hace unos minutos. Estamos muy preocupados y queríamos tener alguna noticia”. Al día siguiente responde la comunicadora que trabajaba con Fabiola G.: “Buenas noches, Andrés. (...) La doctora no ha venido (...) y la semana pasada no vinieron los otros jueces... La doctora está pendiente de eso”. Los días posteriores seguían las insistencias de “Andrés Militares”, esto, según él relata en un mensaje de texto, “porque a él le corresponde reportar e informar a las autoridades del Ejército sobre el tema”.
El 15 de agosto, el usuario identificado como “Andrés Militares” le agradece a “Mayrita” por “toda su paciencia y apertura para quienes conformamos el Cuerpo de Ingenieros del Ejército”. Noviembre de 2023 se inicia con mensajes entre los dos participantes.
En medio del ir y venir de mensajes en los que se concretaban los trabajos y el tipo de material a usarse, los jueces Guillermo V., Fabiola G. y Henry T. emiten un fallo a favor del CEE en el litigio con la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito. Según la Fiscalía, Mayra S. recibió en su cuenta bancaria $ 1.485 destinados supuestamente al pago de la mano de obra. El depósito es parte del expediente y fue hecho por la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros, Ruth S.
Desde el CEE, mediante un boletín, se ha dicho que cualquier acción que podría haberse ejecutado en este caso es de entera responsabilidad de los servidores públicos que hayan participado, sin el conocimiento y autorización de las autoridades del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se aseguró la desvinculación de Ruth S., quien habría renunciado el 6 de marzo pasado.
“Pagaron el piso, le pagan la mano de obra, y le perjudican con $ 30 millones a la empresa Metropolitana. (...) Y esto no queda ahí, también con la participación de la exvocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ) y que renunció hace un par de días. Ella fue la operadora en este caso”, aclaró Salazar. La fiscal no dio el nombre de la exvocal, pero en el expediente aparece el nombre de Elsy Celi, vocal suplente de la Judicatura que renunció al cargo justo cuando se daba el juicio político contra el vocal titular Fausto Murillo, quien fue censurado y destituido.
Doce personas son investigadas por la Fiscalía en el caso llamado Purga.