Más críticas al acuerdo entre Judicatura e Iglesia
Las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos de los niños piden al Consejo de la Judicatura que revoque el convenio que firmó con la Arquidiócesis de Guayaquil, con el que se plantea crear centros de mediación en 29 unidades educativas católicas.
Existe una preocupación de que la violencia sexual “aún no haya sido comprendida en su real dimensión”, dice la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y el Grupo Rescate Escolar.
Su preocupación radica en las declaraciones de Marcelo Merlo, presidente de la Judicatura, que dijo que los centros de mediación recibirán casos de abuso y violencia sexual, cuando la mediación está prohibida en delitos que atentan contra los derechos humanos.
Por eso, los representantes de las organizaciones enviaron una carta a Merlo, donde le piden que deje sin efecto el convenio. Una de sus razones es que el Ministerio de Educación es el que regula la política pública y es el encargado de garantizar un ambiente educativo libre de violencia, sano y seguro. No la Judicatura.
Controversia
Hace una semana se firmó el convenio entre las dos instituciones para capacitar a integrantes de las escuelas. Acuerdos similares ya existen con dos instituciones educativas más, que se centran en la resolución de conflictos cuando no hay violencia, ni se registran delitos.
Desde el año anterior, se han conocido cientos de casos de abuso sexual en escuelas y “ha salido a flote la pederastia clerical, revelando una realidad aún más atroz: el pacto de silencio e impunidad por la Iglesia católica”, señalan en la carta.
Por eso, aunque reconocen que el convenio podría “obedecer a un deseo de aunar esfuerzos para prevenir y atender todo tipo de conflictos (no violentos)”, también alertan que pueda ser “una forma soslayada de dar un espaldarazo a la Iglesia, venida a menos al haber encubierto los casos de pederastía”.
También la vocal Zobeida Aragundi envió una carta a Merlo pidiendo una aclaración y que se trate un proyecto de resolución en el pleno que declare como “política prioritaria la atención de casos de violencia (...), desde una perspectiva laica”.
Además, pide que se disponga a las direcciones de la Judicatura que en los convenios se establezca la prohibición de mediar en asuntos de violencia. Finalmente, que se impulsen acuerdos con la cartera de Educación para el desarrollo de políticas.
Este diario solicitó la postura de Merlo, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta desde la Judicatura.