La Corte vulneró derechos civiles
Las demoras en casos emblemáticos y su apego a la línea política del Gobierno anterior son las principales críticas.
El informe de la evaluación a la Corte Constitucional, hecha por el Consejo transitorio de Participación Ciudadana, dedica un capítulo a los que considera casos emblemáticos que están o estuvieron en tratamiento por parte del organismo constitucional.
Se los considera así por la importancia que tuvieron en la opinión pública, por la gravedad de los asuntos que trataban, o las vulneraciones a Derechos Humanos en las que resultaron.
“El trato que estas causas han recibido por parte de la Corte pone en tela de duda la tutela judicial efectiva”, consta en el texto, al que tuvo acceso La Hora. “Solo una mínima parte de los casos emblemáticos que presentamos han sido resueltos y sus resoluciones, autos y dictámenes no son dignas del más alto Tribunal de Justicia que debe tener el Estado”, establece.
El informe de la evaluación a la Corte Constitucional, hecha por el Consejo transitorio de Participación Ciudadana, dedica un capítulo a los que considera casos emblemáticos que están o estuvieron en tratamiento por parte del organismo constitucional.
Se los considera así por la importancia que tuvieron en la opinión pública, por la gravedad de los asuntos que trataban, o las vulneraciones a Derechos Humanos en las que resultaron.
“El trato que estas causas han recibido por parte de la Corte pone en tela de duda la tutela judicial efectiva”, consta en el texto, al que tuvo acceso La Hora. “Solo una mínima parte de los casos emblemáticos que presentamos han sido resueltos y sus resoluciones, autos y dictámenes no son dignas del más alto Tribunal de Justicia que debe tener el Estado”, establece.
Algunos temas específicos
En el informe se detalla casos cuyas sentencias están pendientes a pesar de los años que han pasado desde que fueron presentadas o que ya resolvieron tarde, coincidiendo con esta evaluación.
Por ejemplo, sobre el tema de la Cervecería Nacional, tras una demanda de los extrabajadores, detalló: “La sentencia se hizo fuera de un plazo razonable. Además, coincidió con el inicio del período de evaluación por parte de este Consejo. (…)”.
También se analiza el caso de Pamela Troya y Gabriela Correa, quienes habían solicitado al Registro Civil su matrimonio. Pero ante la negativa, presentaron la Acción de Protección.
“Una vez admitida a trámite, según la ley, la Corte tenía 30 días. Han pasado más de cuatro años, lo que evidencia una lentitud”, con el riesgo de que el Estado sea demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la “pasividad de los jueces de la CC”.
El informe también habla sobre la demora en el caso de la niña Satya, donde se exigió que se la inscriba con el apellido de las dos madres.
El análisis establece que la Corte aceptó a trámite la acción en 2012, cuando la niña tenía un año, y resolvió de manera expedita el 29 de mayo de 2018; “es decir, cuando Satya tenía algo más de 7 años 5 meses, dejándola en absoluta indefensión”.
Un caso pendiente es el de Mery Zamora, expresidenta de la UNE. Fue acusada de presunto delito contra la seguridad interna del Estado, por el Gobierno de Rafael Correa.
En primera y segunda instancias fue encontrada culpable. Pero el 2 de junio de 2014 la Corte Nacional de Justicia, a través del recurso de casación, ratificó su inocencia.
Pero el exfiscal Galo Chiriboga presentó una acción de protección contra los jueces. “La Corte debió rechazarla”, establece el informe.
Conclusiones
Entre las 13 conclusiones, se establece que el trabajo de esta Corte es una muestra de que no ha existido independencia de quienes estuvieron en el poder. “Las decisiones de la Corte están de la mano de la línea política temporal”.
Además, que la Corte ha vulnerado derechos fundamentales y ha tenido una continua actuación violatoria del plazo razonable, dejando de lado su función principal, como los intérpretes y magistrados armonizadores de Derechos Humanos.
Señala también que ha superpuesto intereses del Estado y de empresas privadas y públicas, incluso refiriendo acciones dedicadas a proteger derechos para limitar responsabilidad de personas jurídicas y dejar en desprotección a la sociedad civil.