Supercom revisaría 25 de 706 procesos contra medios

Edison Toro, titular de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), ofreció ayer revisar 25 de 278 amonestaciones y 428 sanciones económicas por unos 3 millones de dólares, impuestas por su antecesor, Carlos Ochoa, contra medios de comunicación, en su mayoría privados.

En la práctica, se trata de apenas el 2,1% del total de 1.188 “procedimientos administrativos” abiertos por la Supercom, desde que una mayoría afín a Rafael Correa en la Asamblea nombrara a Ochoa como el primer superintendente de Comunicación, en octubre de 2013.

Este límite obedece a que la Legislación vigente permite realizar revisiones en un tiempo máximo de hasta un año ha- cia atrás, tal como lo estableció la otrora mayoría correísta en la Asamblea, al aprobar el Código Orgánico Administrativo (COAD).

Frente a esta restricción legal, Toro se declaró optimista que a la brevedad posible la Asamblea pueda reformar el COAD para ampliar los plazos de revisión y, en consecuencia, ampliar las investigaciones de la gestión del organismo.

Petición

Toro también pidió a la Contraloría que amplíe o inicie nuevas investigaciones a “más períodos y acciones” de la Supercom, para que se esclarezcan casos de abusos y desequilibrios en contrataciones ocasionales o de “ínfima cuantía”, consultorías, monitoreos a medios, arriendos y el pago de 1,8 de 28 millones de dólares para la compra de un sistema de monitoreo a medios con fines sancionatorios.

Toro dijo que no encontró manuales de procedimientos, de seguimiento ni evaluación y ni un solo informe de fiscalización al trabajo de sus 320 funcionarios.

“No estoy persiguiendo ni estoy dando por sentado nada, pero sí es necesario que la autoridad de control nos diga qué paso con respecto a cosas que observamos con cierta preocupación”, dijo el superintendente, luego de señalar que desconoce hasta cuándo seguirá como autoridad principal de la Supercom, entidad de la que dijo “debe desaparecer” por no cumplir estándares internacionales de protección y garantías de derechos y libertades.