Avendaño también habla de presuntas anomalías en albarradas
Argumentando que la Constitución faculta a todo ciudadano el acceso a la información que manejan las instituciones públicas, el concejal Darwin Avendaño Delgado, pidió a la Prefectura le otorgue información acerca de la construcción de albarradas en la provincia.
Aclara que ese pedido lo hizo como un ciudadano lojano y en base a “denuncias de muchos ciudadanos” respecto a la construcción de albarradas en la cuenca del río CatamayoChira. Manifiesta que el pedido lo hizo con fecha 9 de mayo de 2018, sin embargo, aduce que pasaron más de 45 días y su solicitud no tenía una respuesta favorable. De acuerdo a los plazos que señala, la información debió recibirla máximo hasta el día 23 de ese mismo mes de mayo, situación que no ocurrió. Todo esto lo hizo presumir que la Prefectura le estaba ocultando información. Ante ello, el edil interpuso una demanda de libre acceso a la información ante la justicia. “Un juez determinó que se me entregue toda la información certificada sobre el contrato de las albarradas en Loja”, refiere. Explica que tras recibir la información, verificó que las albarradas empezaron a construirse durante la Prefectura
Un juez determinó que se me entregue toda la información certificada sobre el contrato de las albarradas en Loja” DARWIN AVENDAñO DELGADO CONCEJAL LOJANO
de Rubén Bustamante (2009
2014) y que cuando llegó al cargo Rafael Dávila Egüez, éste último “decide agrupar un solo contrato de las albarradas, en vez de contratar cantón por cantón”.
Avendaño Delgado explica que en Macará se planificó hacer 19 albarradas; en Loja
86; en Celica 27; Pindal,
17; Gonzanamá, 51; Puyango, 19; y en Quilanga,
22. A su criterio, para cada cantón debió hacerse un contrato individual y no uno grupal que abarque a todos los sectores y que beneficie a una sola empresa. Dice que no ha recibido justificativos de la Prefectura sobre el porqué de esta situación. Algo que sorprende a Avendaño es que el mismo prefecto haya hecho pública, en días recientes, una denuncia sobre “supuesta corrupción en una información que nosotros la habíamos requerido por orden judicial”.