Cruz destituido
La Asamblea Nacional conoció en el Pleno los argumentos de defensa y de acusación del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana.
Casi dos horas y media duró la intervención del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, en la que presentó sus elementos de defensa por las acusaciones por presunto incumplimiento de funciones y falta de probidad.
El funcionario dijo que su proceso está viciado porque, según él, se atentó contra el debido proceso por una falta de juez competente. A su criterio, la restructuración de la Comisión de Fiscalización, que conoció su caso, es ilegítima, basándose en un pronunciamiento del procurador, Íñigo Salvador.
También dijo que se violó la norma porque no se habrían completado las firmas necesarias de al menos una cuarta parte de la Asamblea para enjuiciarlo. Aseguró además que se inobservó el procedimiento legal de la estructura de un juicio político.
Cruz defendió la obtención de su carnet de discapacidad, indicando que en 2009, tres expertos del Consejo Nacional de Discapacidades avalaron su discapacidad visual y auditiva. Explicó también que su dolencia obedece a la práctica de artes marciales.
“Soy una persona de discapacidad y por presentar esta condición soy discriminado y enjuiciado en base a supuestos y sin respaldo legal”, expresó.
También desestimó la supuesta arrogación de funciones explicando que, como máxima autoridad del Cpccs, era competente para emitir reglamentos “secundarios”, sin necesidad de poner a consideración del Pleno.
En reiteradas ocasiones, Cruz advirtió que una eventual destitución y censura de sus funciones podrían acarrearle al país consecuencias legales, pues no descarta acudir a instancias internacionales para formalizar acciones por supuestas violaciones a sus derechos.
El denunciante
El enjuiciamiento político de Cruz fue motivado por el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Kronfle. Entre sus argumentos para pedir la destitución y censura están un incumplimiento de funciones y falta de probidad debido a tres causales: la obtención del carnet que determina que tiene 81% de discapacidad visual y auditiva, el uso de documentos falsos y además la arrogación de funciones.
Él cuestionó cómo una persona con ese nivel de discapacidad pueda contar con una licencia tipo E, que le permite conducir vehículos pesados. Dijo además, entre otras cosas, que Cruz se benefició de descuentos en el pago de impuestos utilizando el carnet de discapacidad.
“No estamos cuestionando el carnet sino si es que tiene discapacidad permanente”, señaló el asambleísta.
Sobre el uso de documento falso, Kronfle aseguró que en el año 2009, cuando intentó ingresar al Cpccs por un concurso de méritos y oposición, presentó un certificado de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae).
El legislador también lo acusó de arrogar funciones porque expidió dos reglamentos del Cpccs por sí solo, cuando debían ser emitidos por el Pleno de la entidad. Precisó que la arrogación de funciones es causal de destitución de funcionarios públicos.
Hasta el cierre de esta edición, el denunciante continuaba con la sustentación de su acusación.