Mahuad: dos décadas de duro autoexilio
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El expresidente Jamil Mahuad, sentenciado a ocho años por el delito de peculado, anunció que acudirá a instancias internacionales para revertir el fallo condenatorio. Antes, la defensa del exprimer mandatario espera que se resuelvan los recursos de ampliación y aclaración a la sentencia del Tribunal de Casación, presentados el viernes pasado. Luego acudirá a la Corte Constitucional y a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
A los ojos de Mahuad, este caso tiene elemento un moral, económico – histórico y otro legal. Sobre el primer punto, él considera que su integridad está intacta.
Asimismo, defendió la polémica decisión financiera que tomó en 1999 para, según dijo, evitar que el país continúe cayendo en una hiperinflación en la que ya tenía un pie adentro.
Agregó que el congelamiento de depósitos, vía Decreto Ejecutivo, que antecedió a la dolarización, fue la única salida para evitar la fuga de capitales al extranjero, cuando hubo la advertencia de que los indicadores de inflación subían a un 1.000%.
Agregó que la medida se tomó en medio de una de las peores crisis económicas del país, por el azote del fenómeno del niño que afectó cultivos de banano, producción de camarón y pesca que, junto al petróleo, representaban el 81% de las exportaciones de la nación.
Recursos legales
En los recursos solicitados a los jueces nacionales, Iván León y David Jacho, quienes con su voto de mayoría ratificaron la sentencia, Mahuad cuestionó cómo se lo puede acusar de malversación de fondos, cuando esa figura legal se eliminó en 1978.
Además, el exjefe de Estado, pidió que se aclare las circunstancias en que los magistrados lo hallaron culpable por peculado. Según dijo, para que se configure ese tipo penal se requiere de una apropiación de recursos del Estado de una persona que ejerce función pública, que haya tenido disposición de esos dineros y que los haya mal administrado con dolo.
A su criterio nada de eso ocurrió, pues lo que el Decreto estableció fue el congelamiento de depósitos en el sistema de la banca privada.
Decisión dividida
En la CNJ, la decisión no fue unánime. El juez Wilman Terán dio su voto salvado y ratificó el estado de inocencia de Mahuad. En casación, dijo que hubo una errónea interpretación del artículo 257 del Código Penal anterior. “…en tal virtud acorde a lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Penal, se dicta sentencia absolutoria, en consecuencia se ratifica el estado de inocencia del ciudadano Jamil Mahuad Witt, levantando todas las medidas cautelares de carácter personal y real dictadas en la presente causa…”, reza la resolución de Terán.
Sin embargo, el magistrado concordó con Jacho y León sobre la improcedencia del recurso de casación “al no haber justificado, conforme a derecho, sus argumentaciones”.
Trofeo político
Mahuad está convencido de que su proceso tiene tintes políticos. Asegura que, luego de que la entonces Corte Suprema de Justicia dictó su sobreseimiento provisional, en 2006, en la campaña de un año más tarde, el expresidente, Rafael Correa, prometió encarcelarlo como oferta electoral.
Una vez que llegó al poder, dice, él se volvió una víctima más de una persecución judicial manejada desde el Ejecutivo.
Víctor Granda, denunciante de Mahuad, desestima esa postura. Según él, el proceso que impulsó Correa en contra de Mahuad tuvo que ver con una denuncia por supuesto delito de lesa humanidad, pero que esa causa no prosperó por falta de motivación del mismo exmandatario.
Posición
Granda aseguró que Mahuad sí incurrió en delito de peculado porque hubo abuso de fondos públicos y privados en favor de terceros quienes, a su entender, son los representantes de la banca. “Ellos le dieron plata para su campaña electoral”, afirmó.
Mahuad no lo negó, pero aclaró que ese apoyo que llegó desde el sector financiero no tuvo ningún condicionamiento.
“Lo que siempre hemos negado es que nosotros aceptáramos alguna condición a cambio de ese apoyo. Lo puedo demostrar con hechos”, dijo.
Además de cuestionar la probidad de los jueces y los fiscales que tramitaron su caso, el exmandatario aseguró que se lo sentenció sin ninguna prueba, más que los testimonios de los denunciantes.
Sobre eso, Granda informó que existen más de 10.000 documentos, entre informes de la Superintendencia de Bancos, Banco Central y Agencia de Garantía de Depósitos, que se usaron para acusarlo.
(La dolarización) no la inventamos en el Ecuador, no se le ocurrió de la nada a mi equipo económico. Nos asesoramos con expertos internacionales”. Estuve dispuesto a sacrificarme por mi país y tomar riesgos. Un servidor público tiene que hacer eso, para ello acepta ser candidato”. Tuve que escoger entre mi imagen personal y la economía del Ecuador”.