CONTAGIO POR BUROCRACIA

En plena pandemia y estado de excepción, resulta inaudito que varias instituciones públicas y privadas exijan un resultado ‘oficial’ de prueba PCR para justificar la falta al trabajo de un empleado que tiene síntomas manifiestos de Covid-19.

En escenas que recuerdan el real absurdo del ‘Proceso’ kafkiano, se exige a un empleado que continúe asistiendo a su lugar de trabajo mientras no cuente con una prueba del IESS o el Ministerio de Salud. Los tiempos de ambas son hasta diez días para el turno, y diez más para recibir un resultado. En esos 20 días, las víctimas de un contagio silencioso pero absolutamente prevenible y previsible, son un daño colateral de lo que no tiene otra explicación que las incoherencias que mantienen al país en vilo, sin cifras confiables, sin acceso a pruebas, y con la esperanza de una vacuna que llegará a ser manejada por el mismo monopolio estatal de ‘ejemplar’ eficiencia y transparencia.

Temprano en la pandemia, el Ministerio de Salud había autorizado a varios laboratorios privados en cada provincia de tal manera que se pudiera atender a toda la población en su necesidad de acceder a los distintos tipos de pruebas. Reservando la gratuidad del sistema público y el beneficio del afiliado, cualquier otra persona que quisiera acceder a más pruebas, con resultados rápidos, debe tener el derecho de pagar por ello y, tanto su empleador como las entidades públicas, la obligación de aceptarlas.

¿En qué momento se perdió de vista que la prioridad debe ser salvar vidas, evitar contagios y cuidarnos entre todos?