BUROCRACIA PETROLERA
Liquidaciones 110 millones Burocracias son un barril sin fondo. Las únicas felices de las navidades.
El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, dijo que, hasta el 31 de marzo de 2021, una consultoría independiente establecerá cuál será la nómina definitiva de la nueva empresa petrolera estatal. Sin embargo, el proceso de fusión entre Petroecuador y Petroamazonas debe concluir hoy. Actualmente, entre las dos entidades hay más de 10.300 empleados. La Universidad Central del Ecuador está a cargo del proceso de optimización y de la consultoría, por un valor de $590.000.
Según Ortiz, se cuenta con $110 millones para pagar indemnizaciones a las personas desvinculadas. Los recursos vienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Comisiones técnicas
Según reportes de Petroecuador, hay un 100% de avance en la fusión de unidades que no tienen departamentos similares en las dos entidades involucradas: Exploración, Producción, Refinación, Ambiente, Transporte, Comercio Nacional, Logística y abastecimiento y Comercio Internacional. Sin embargo, no se sabe exactamente cuál es el estado del proceso en otras áreas como Comunicación, Talento Humano, Finanzas y Tecnología.
El último comunicado, por parte de las 13 comisiones técnicas que conforman la Unidad Temporal de Fusión, establecía un avance global del 82 % hasta el 4 de diciembre.
Hasta la fecha se ha gastado alrededor de $1 millón en actividades que incluyen la elaboración de un plan de negocios.
Dudas para entrar a la bolsa
El ministro Ortiz aseguró que uno de los principales objetivos es que, en poco tiempo, la nueva empresa estatal cotice en bolsa. Pero, no queda claro, por ejemplo, si ya se ha implementado todas las medidas para que se cumpla con normas internacionales de contabilidad. Esas normas nunca fueron concretadas en Petroecuador y Petroamazonas y son requisitos mínimos para entrar a la bolsa de valores y emitir títulos y acciones.
Asimismo, tampoco hay certezas sobre si hay avances en el proceso de valoración, por parte de una firma internacional, de todos los activos petroleros. Además, el último contrato de aseguramiento de esos activos (refinerías, campos, oleoductos, entre otros), ha sido cuestionado por el Servicio de Contratación Pública (Sercop).