¿Qué pasa si se elimina al Consejo de Participación?
Las reformas parciales a la Constitución -entre las que se destaca la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)- se perfilan entre las primeras tareas que la Asamblea Nacional deberá realizar este año. El organismo dejó en ‘stand by’ el segundo debate y posible aprobación a estas reformas que fueron presentadas por el Comité de Institucionalización de la Democracia, liderado por Pablo Dávila.
Aunque falta camino por recorrer, es importante conocer qué pasaría si se llegase a eliminar el Cpccs, una decisión que estará en manos de la ciudadanía, pues una vez aprobado en la Asamblea, el CNE tiene 45 días para llamar a referéndum.
Luego de eso, según Dávila, lo que ocurriría es que la Asamblea retome la competencia para designar ciertas autoridades (ver recuadro), que hasta el momento está en manos del CPCCS, siempre y cuando se lleve a cabo una reestructuración del poder legislativo, pues “carece de representatividad, lo que resulta parte de las razones por las cuales están tan venido a menos en temas de credibilidad”.
“Debe regresar la potestad de asignación de autoridades a la Asamblea, pero hay que cambiarla para que dichas autoridades puedan ser nombradas de forma legítima, donde los mejores nombres y ciudadanos puedan optar por esos cargos y haya un nivel más elevado del sentir de los ecuatorianos”, apuntó Dávila.
Según Jorge Benavides, abogado constitucionalista, es viable que la Asamblea Nacional vuelva a ser el organismo encargado de elegir a las autoridades. El proceso La iniciativa de reforma inició con la recolección de firmas, en septiembre del 2019, pero el número no fue suficiente, pues se necesitaban 132.620 firmas, acorde al informe presentado por el CNE.
En marzo de 2020, el Consejo Nacional Electoral validó 173.661 firmas presentadas por el Comité. Luego de nueve meses, la Asamblea, a través de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales aprobó el informe para el segundo debate sobre las reformas a la Constitución, donde plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.