Proceso electoral tambalea
Puede haber revocatoria o ratificación de la sentencia. Abogado de dos implicados presentará recursos de aclaración y ampliación hasta mañana.
La sentencia es un golpe a la institucionalidad democrática del país”.
ENRIQUE PITA,
VICEPRESIDENTE DEL CNE.
La crisis que enfrenta la Función Electoral en el país vuelve a estar en evidencia. A menos de un mes del desarrollo de las elecciones (7 de febrero), la institucionalidad democrática se agrava.
La posibilidad de que cuatro de los cinco consejeros titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) sean destituidos está latente por una sentencia, de primera instancia, del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres. Los involucrados son la presidenta del organismo, Diana Atamaint; el vicepresidente, Enrique Pita y los vocales José Cabrera y Luis Verdesoto.
En el campo
Tras el fallo, existen tres escenarios posibles que podrían darse desde el campo jurídico.
Esteban Ron, especialista en materia electoral, explicó que uno de ellos es que la sentencia se ratifique en su integridad durante la etapa de apelación, recurso al que los consejeros acudirán para intentar revertir el fallo ante el Pleno del TCE.
En ese caso, agregó, operaría la destitución, la pérdida de derechos políticos durante cuatro años y la multa de 70 salarios básicos unificados. El juez Torres impuso la sanción más drástica establecida en el artículo 279 del Código de la Democracia. Un segundo escenario es la revocatoria de la sentencia. Este panorama es el más favorable de los consejeros del CNE, pues se determinaría que no existe infracción alguna. La tercera opción podría marcar un punto intermedio. Es decir, los jueces del TCE ratificarían el cometimiento de la falta, pero modificando la sanción si es que los magistrados
¿Qué ocurre si hay destitución?
Si se aplica el primer escenario expuesto por Ron; Atamaint, Pita, Verdesoto y Cabrera podrán interponer un recurso de aclaración y ampliación a la sentencia del Pleno del TCE, lo que deberá ser resuelto en tres días.
Dicha resolución será devuelta a Torres, juez de primera instancia, para que ejecute la sentencia. Tendrá que notificar de la destitución al CNE, al Ministerio del Trabajo y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), por ser este el órgano que los nombró.
El mismo Cpccs tendría que certificar quiénes son los vocales suplentes, de acuerdo al puntaje obtenido en el concurso de oposición y méritos al que fueron sometidos en su momento. Todo el trámite deberá pasar a conocimiento de la Asamblea Nacional, como un acto de notificación para luego cumplir lo que dispone el artículo 20 del Código de la Democracia, que determina el reemplazo de los consejeros en caso de ausencia definitiva.
A los nuevos vocales les correspondería asumir las tareas