COBARDE PERSECUCIóN
La vendetta que emprende el expresidente Abdalá Bucaram contra la periodista Dayanna Monroy es una aberración que debe avergonzar a la Fiscalía, y preocupar al país entero. De manera temeraria e injustificada, el fiscal del Guayas, Javier Pucha Paguay, solicitó información sobre las finanzas personales de Monroy al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y la citó a rendir versión el día después de las elecciones. Interesante sería que algún fiscal ordene lo mismo de Bucaram.
El supuesto delito contenido en la denuncia del expresidente, que rehuye de la Justicia con una candidatura de última hora a la Asamblea, es el tipificado en el artículo 229 del Código Penal sobre la “revelación ilegal de bases de datos.”
Por si ya lo olvidaron: el Ecuador es signatario de la Declaración de Chapultepec, que en concordancia con la legislación internacional, dicta que “no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.
El documento, firmado por el Presidente en la Capilla del Hombre en octubre de 2018, en pomposa presencia de Diana Salazar y las cabezas de todos los organismos de control, la Corte Nacional de Justicia, y la Asamblea, dicta que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder
público.” Y pocos ostentan tanto “poder público” como el personaje de marras.
Qué poco les duró la careta de demócratas; arrancan las prácticas autoritarias del pasado y la prensa es, de nuevo, el blanco. “Voten por Arauz”, ordenó el fin de semana Bucaram a sus seguidores. A cinco días de las elecciones, todos hacen sus apuestas y ciertos fiscales no son la excepción.