CONTRALORÍA ENCONTRÓ IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE INSUMOS EN EL MUNICIPIO DE LOJA
Se establecería posible perjuicio económico al Municipio.
La Contraloría General del Estado (CGE), ya hizo público el informe especial al proceso de contratación, entrega recepción, pagos, utilización y distribución de los bienes y servicios adquiridos para solventar la emergencia declarada por motivos del Covid-19, en el período del 1 de febrero y 27 de abril de 2020, que fue denunciado por los concejales del cantón Loja, por posibles irregularidades en la adquisición de equipos de bioseguridad por parte de funcionarios de la municipalidad.
Darío Loja, concejal del cantón, manifestó que la denuncia en el 2020 fue puesta en la Fiscalía y Contraloría General del Estado (CGE), por varios concejales, quienes luego de algunas investigaciones en el proceso de adquisición de insumos por parte de la municipalidad, encontraron inconsistencias que fueron puestas a consideración de las entidades de control para que realicen su trabajo”, dijo.
En la Fiscalía la investigación continúa, en el 2020 fueron llamados a declarar, pero todavía no existe un pronunciamiento oficial; mientras que en la Contraloría por disposición nacional se hizo un examen especial, documento que ya fue remitido anteayer a los concejales y alcalde, donde se disponen algunas conclusiones y recomendaciones a implementarse de inmediato.
Según Loja, el examen tiene algunas apreciaciones que en su tiempo ya fueron observadas. Aquí por ejemplo, habla de un perjuicio económico para el Municipio de Loja, producto de la compra de mascarillas en un precio, cuando en el mercado en ese mismo tiempo existieron costos más económicos. El documento ha sido entregado al Alcalde de Loja, para que en base a las conclusiones y recomendaciones tome las decisiones respectivas.
De aquí en adelante, según el concejal queda dos caminos a seguir, uno, es seguir con la Fiscalía para que llegue a las últimas consecuencias, debido a que las irregularidades son notables, no existen facturas, hay documentos llenados con otras fechas posteriores, entre otras cosas; y, segundo, es esperar que la Contraloría determine responsabilidades tanto para el alcalde como a los funcionarios inmiscuidos en el proceso de adquisición.
De igual forma, denunció que de los 61 funcionarios de libre remoción a los que se les pidió la renuncia en diciembre de 2020,
43 fueron ratificados por el alcalde, 3 salieron de sus cargos, 8 personas están condicionadas y 7 pendientes de evaluación. “Pero lo llamativo es que dentro de los
43 ratificados están las personas que participaron en los procesos de compra de insumos, los cuales según el informe de Contraloría habrían cometido un sinnúmero de errores que terminaron un perjuicio para la institución”.