CONTROL MEDIáTICO
La calidad de una democracia es proporcional a la libertad de expresión que en ella se ejerce. Nefasto legado dejaron diez años de autoritarismo y cuatro de un continuismo que no logró convencer(se) del ‘cambio y la libertad’.
El gobierno que termina montó un dispendioso aparato de comunicación para contrarrestar la infraestructura de propaganda y desinformación que siguió utilizando Rafael Correa, con dinero obtenido de la corrupción y el crimen, y alimentado con tecnología e inteligencia extranjera.
No bastó el parcial desmantelamiento del andamiaje de control de contenidos. Se fue la SUPERCOM, quedó un inútil y burocrático Consejo de Regulación de la Información que, a estas alturas, “exhorta” a la Fiscalía a que “oriente a sus funcionarios” a actuar en conformidad con los “estándares internacionales” en materia de libertad de expresión.
Al ente controlado por el Ejecutivo, no se le ocurrió -hace un año- exhortar al Ministerio de Salud a transparentar las cifras de lo que ocurría con la pandemia ante insistentes consultas de periodistas, ni ahora con el manejo de las vacunas contra el Covid-19. Tampoco exhorta al CNE a permitir la cobertura electoral de ‘medios digitales’, ignorando que toda la información hoy es digital por antonomasia.
La tibia reforma del sistema sancionatorio que instauró la Ley Orgánica de Comunicación no hizo más que dar paso a la persecución del periodismo por la vía penal. Hoy el periodismo opera sobre campo minado, a la espera del próximo fiscal, funcionario o cacique agraviado por una sociedad que lo único que busca es respuestas y transparencia.