AUDACES PIDIERON DEVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA
Jueza rechazó solicitud de Jalkh
Gustavo Jalkh, junto a otros exintegrantes del Consejo de la Judicatura, presentaron una acción de protección contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T), alegando una vulneración de sus derechos al ser destituidos en 2018 y con el afán de que se les restituya en el cargo.
La audiencia se realizó ayer en la Plataforma Judicial, en el norte de Quito. Tras dos horas de audiencia, la jueza Cecilia Simbaña declaró improcedente la acción extraordinaria de protección planteada.
Lo expuesto
La demanda presentada por los exvocales Elena Jiménez, Karina Peralta, Rodrigo Subía, Néstor Arbito y Jalkh consta en 26 páginas. Con esto buscaba que se declaren vulnerados los derechos constitucionales de los ahora exvocales y se solicitaba que se disponga la reparación integral, establecida en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Esta normativa detalla que cuando un juez declara una vulneración de derechos “se ordenará la reparación integral por daño material e inmaterial”. Este artículo señala también que hay 10 formas de reparar una afectación de derechos. Entre ellos: “el restablecimiento a la situación anterior a la violación” y una “compensación económica”.
Decisión
Los ahora exvocales fueron cesados en sus funciones el 4 de junio de 2018 por el CPCCS, presidido por Julio César Trujillo (+), tras una evaluación que concluyó que incumplieron los cinco parámetros del proceso: legitimidad en el cargo, cumplimiento de funciones, gestión de recursos, transparencia y evaluación ciudadana.
Los demandantes no estuvieron presentes en la audiencia. En su representación estuvo un abogado, quien manifestó que a sus defendidos se les violó sus derechos a la defensa, al debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica.
La actual presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, quien también fue convocada a la audiencia, señaló que la decisión ya fue apelada verbalmente por los demandantes y que en esa medida como representantes del Consejo de Participación Ciudadana seguirán luchando para defender la decisión adoptada y la institucionalidad del país.