Los siete concejales recibirían sentencia de 30 días de cárcel
El informe presentado en septiembre de 2020 al alcalde de Loja, Jorge Bailón Abad, por parte de siete concejales del cantón, en donde denunciaban las posibles irregularidades en la compra de mascarillas y kits de bioseguridad, podría llevarlos a la cárcel, esto luego que el Director Financiero de la municipalidad los demandara por difamación.
Galo Ortega Criollo, abogado personal del Director Financiero, manifestó que la denuncia tiene como sustento un oficio presentado el 10 de septiembre, por parte de los siete concejales al alcalde, en donde constan frases ofensivas en contra de la honra y honor de su defendido. “Este escrito configuró la existencia de una contravención contra el honor prevista en el Articulo 391 numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, dijo.
Indicó que la denuncia fue presentada en la Unidad Judicial de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para que mediante una audiencia demuestren sus aseveraciones anunciadas en el oficio, en caso de no justificar lo señalado se proceda aplicar las sanciones de acuerdo con el COIP, que irían hasta 30 días de prisión preventiva de su libertad y reparación integral del daño provocado.
A corto plazo
Alegó que este proceso no es largo, luego de notificar a los denunciados existen seis días para que anuncien las respectivas pruebas desde las dos partes. Posterior, deberá llamarse a audiencia y el juez será quien resuelve el caso con una sentencia.
En este proceso están involucrados los concejales: Nixon Granda (vicealcalde), Karina González, Patricia Picoita, Darío Loja, Santiago Erráez, Daniel Delgado y Ramiro Palacios Cueva.
Fiscalización
Patricio Lozano, concejal rural del cantón, quien no consta como denunciado, dijo que eso no significa que no esté trabajando en temas de fiscalización a la presente administración municipal.
“En esa fecha no firmé la carta junto con los ediles, porque no estuve presente, pero mi solidaridad está allí con mis compañeros, considerando que lo único que hicieron fue observar y dieron sus criterios para que el alcalde corrija, pero no para que el tema se judicialice”, reveló.