USURA ESTATAL

Nuestra economía ya estaba en cuidados intensivos cuando llegó la pandemia. Hemos logrado descuentos importantes, reducción de intereses, ampliación de plazos y nuevos créditos. Esto se contrapone a la visión de una obesa burocracia cuya prioridad es pagar sus sueldos, mientras los sectores medios y populares liquidan sus emprendimientos.

Los grandes productores y exportadores han crecido y sostienen la macroeconomía, pero el grueso de los empleos se generan en la pequeña y mediana empresa que se hunde sin tregua.

El populismo judicial impide que el Estado cumpla con la ley de reactivación. Las excusas son varias: que no rige en sus instituciones, que no aplica en su jurisdicción o que el Ejecutivo jamás expidió el reglamento.

Quienes adeudan al sector público son extorsionados por los burócratas con la aplicación de coactivas, embargos y toma de instalaciones. Para otorgar renovaciones o ampliaciones, piden más garantías y el pago de aquello no cubierto durante la pandemia. “¿Con qué?”, se pregunta el taxista, el operador de una unidad de transporte escolar o turístico, el pequeño y mediano empresario. ¿Asume el Estado que todos tenían ‘fondos reservados’ para, llegada la pandemia, pagar sus obligaciones laborales y fiscales?

Quienes van al paro ruegan por plazos para cumplir y no quedar a merced de burócratas y chulqueros. Estos no otorgan plazos, como debería hacerlo el Estado, engordando con la venia de los organismos de control.

Las limitaciones financieras son una bomba de tiempo que fácilmente podría estallar en la cara de burócratas, financistas y usureros.