CONTROLAR EL LAVADO
La banca es el talón de Aquiles de la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, y el crimen organizado en todo el mundo; en Ecuador, la legislación y el sistema de control no suman.
Estudiosos del fenómeno criminal sostienen que parte del problema es que los estados endosan gran parte del control al sector privado, a un alto costo para los usuarios.
El costo de instituciones como bancos, aseguradoras y agentes de inversión es hasta 100 veces superior a los montos efectivamente incautados, y en el mundo supera los $180.000 millones anuales, según LexisNexis.
En 2020, la banca internacional recibió multas relacionadas al control del lavado de activos por $10.400 millones, 80% más que en 2019. En Ecuador, la ley exige controles a las instituciones privadas pero la penalidad por no cumplir arranca en $400 y asciende a meros $8.000 por reincidencia y $12.000 por no reportar transacciones superiores a diez mil dólares.
Desde hace 30 años, el mecanismo es el mismo: empresas que disfrazan ingresos de actividades ilegítimas y convencen a un banco de procesar su botín; el éxito se alcanza si el banco no lo reporta. Así, 6,7% del PIB mundial se mueve con dinero de origen ilegal.
Hace 14 años, Rafael Correa desarmó el control al crimen organizado y al lavado de los recursos que genera y mueve por esta economía dolarizada. La liquidez que el narcotráfico y el crimen proveen al Ecuador es cuantiosa en libros, tóxica y mortal a largo plazo.
La justicia de EE.UU. parece actuar como agencia de control local pero, aquí, la lucha contra la corrupción no será efectiva hasta que se persiga al dinero en este, su país de origen y tránsito.