¿La Asamblea le permitirá a Lasso modificar 4 regímenes tributarios?
El nuevo Gobierno deberá buscar consenso amplios y reunir, al menos, 70 votos en el Pleno.
La premisa de la reforma tributaria que prepara Guillermo Lasso es que se puede recaudar más y mejor con un sistema donde existen menos impuestos. Eso significa una apuesta por la eliminación de distorsiones y privilegios, además de una mayor gestión de cobro contra los evasores.
Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos y la aprobación de esa reforma no solo dependerá del presidente electo. Dos elementos importantes están fuera de sus manos:
• Debe conseguir un mínimo de 70 votos en la Asamblea.
• Tiene que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que gran parte de sus propuestas contradicen las recomendaciones del multilateral.
En este contexto, Napoleón Santamaría, experto tributario, considera que Lasso debe comenzar evaluando mejor los tiempos. “Es inoportuno que se presente una reforma tributaria durante la noche del 24 de mayo. La iniciativa se puede quemar si no se hacen amplios consensos previos. La aprobación en la Asamblea tiene plazo hasta finales de septiembre de 2021, por lo que lo aconsejable es no apresurarse”, dijo.
Eliminación de impuestos distorsivos
Uno de los temas importantes que se tiene que conservar con sectores productivos, sociales y la academia es la eliminación de cargas distorsivas.
Pablo Villegas, docente y experto tributario, consideró que ese esquema, del cobro de 2% del impuesto a la renta sobre las ventas de los microempresarios, es injusto y ha golpeado a los emprendedores en medio de la crisis; pero a su criterio lo adecuado sería que se lo vuelva opcional y se especifique que solo se lo puede cobrar cuando hay utilidad.
Además, el porcentaje podría reducirse al 1,5% y simplificar procesos para que sea más efectivo.
Por su parte, Santamaría tampoco ve recomendable la eliminación total, aunque sea gradual durante los próximos 4 años, del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
“Se debe quitar el ISD para la importación de activos productivos, inventarios, materia prima, maquinaria y equipos, pero se debe mantener para licores, cigarrillos, relojes y otros consumos suntuarios. No funcionan los cambios generales y a rajatabla”, aclaró
Asimismo, el presidente electo ha mencionado la posibilidad de eliminar el IVA a productos de la canasta básica y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), para telefonía móvil, los calefones y las cocinas a gas, entre otros.
Todas esas medidas, aunque reducen cargas, también tienen el efecto de mermar los ingresos para el Estado. Se estima que se podría dejar de recaudar alrededor de $1.200 millones al año, lo que quiere decir que como contraparte el próximo Gobierno tendrá que reducir el gasto público en esa misma proporción.
Lucha contra los evasores
Lasso asegura que, como mecanismo para fomentar la recuperación económica, no creará nuevos impuestos ni aumentará las tarifas existentes. Su estrategia para recaudar más será enfocarse en combatir la evasión, es decir, que todos paguen lo que les corresponde.
Santamaría recalca, sin embargo, que para alcanzar ese objetivo no necesitan cambios legales, sino fortalecer la gestión de cobro. Eso representa más inversión en tecnología, software modernos y big data; pero sobre todo contratar no menos de 800 personas para apuntalar los equipos de auditoría, gestión de cobro y cumplimiento dentro del Servicio de Rentas Internas (SRI).
La estrategia, según los analistas, debería implementarse en dos pasos. Primero, el nuevo ministro de Economía o el director del SRI deberían hacer una invitación para que los empresarios aclaren todas sus cuentas y regularicen sus pagos atrasos en un plazo de entre 90 y 120 días.
Esa invitación no tiene que hacerse vía ley, ni a cambio de reducciones de impuestos y otros beneficios, sino como un llamado de buena fe del Gobierno. Si ese llamado no funciona, se tiene que establecer que desde el día que se acaba el plazo se va a revisar fuertemente todo lo que no se ha pagado.
La evasión genera pérdidas de ingresos de alrededor de $5.300 millones al año, pero aun haciendo todo bien, un aumento sustancial y sostenible de la recaudación se verá luego de un año.
Además, de la mano de la lucha contra los evasores, se tiene que reducir al menos a la mitad las 34 exenciones que hacen que grandes empresas e inversiones paguen 0% de impuesto a la renta.