No vetar la ley contradice el marco internacional y el discurso oficial
En 2019, Lenín Moreno, suscribió la Declaración de Chapultepec. El abogado Esteban Ron asegura que, en reciprocidad a esta declaración, el Ejecutivo debería vetar o modificar la Ley.
EL DATO Lenín Moreno tiene 30 días para dar paso o vetar total o parcialmente la ley.
En 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno, suscribió la Declaración de Chapultepec, un decálogo de principios que defiende la libertad de expresión y de prensa como fundamento de la democracia y que ha sido suscrita por más de 70 jefes de Estado.
Moreno expresó que la adhesión de Ecuador a la Declaración de Chapultec, es “la máxima representación de la libertad de prensa”, dijo durante el evento de suscripción del acuerdo, el 21 de febrero de 2019, en la Capilla del Hombre, en Quito.
La firma del documento coincidió con el ingreso al Registro Oficial de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que se aprobó por su antecesor, el expresidente Rafael Correa..
“Ecuador es un país que cree firmemente en la libertad y, sobretodo, en la libertad de prensa y de expresión. Y, como Gobierno, siempre defenderemos el trabajo de la prensa libre, responsable, compenetrada con los deberes éticos que supone ese ejercicio de libertad”, dijo Moreno ese día.
El veto sería recíproco con la Declaración de Chapultepec
Esteban Ron, abogado y director de la Escuela de Derecho de la UIDE, señala que desde la suscripción de Ecuador a la Declaración de Chapultec el discurso del Gobierno de Moreno estuvo enfocado a la defensa de la libertad de prensa. “Con bombos y platillos, por poco dijeron que no existe más Ley de Comunicación”, recuerda.
Bajo este criterio, el abogado considera que vetar o modificación de la Ley contra la Violencia Digital, aprobada por la Asamblea Nacional, el 6 de mayo de 2021, significa ser coherentes con los acuerdos asumidos con la Declaración de Chapultec,“porque Moreno, como presidente de la República, estaría acorde a sus principios y lo que él promovió en su momento”, destacó Ron.
La ley se enfoca en dos temas específicos
En principio, el proyecto de ley – impulsado por la legisladora Mae Montaño– tenía como objetivo prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Una vez la normativa fue aprobada en segundo debate, luego de ser enviada al despacho presidencial, se generó una polémica porque la ley establece una reforma al artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de violación a la intimidad y detalla que la grabación u obtención, y publicación de
información de otra persona sin su autorización.
Gremios ligados a la libertad de expresión, así como la Fiscalía General del Estado mostraron su preocupación pues destacan que esta reforma censura los procesos de investigación.
Ron explica que las reformas se enfocan en dos temas específicos: el uno es la tipificación de varios tipos y conductas penales. “Tienes un mayor detalle de cómo se pueden configurar los delitos contra mujeres cuando no se respeta la inviolabilidad de la intimidad, en eso sí se gana muchísimo, en lo que es violencia digital”, explica.
“También se especifican de mejor manera las acciones, lo cual era necesario ahora que, con la pandemia, todo migró hacia lo digital”, agrega. Sin embargo, la forma como está redactada confronta dos derechos: el de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad.
La ‘clave’ de la ley
Según el experto, es necesario leer y entender de manera integral la reforma pues – al final del artículo 178– se indica que las normas no son aplicables para la personas que divulgue información pública, de acuerdo a lo previsto en la Ley o cuando se trate de grabaciones de audio o video del proceder de un servidor público en ejercicios de sus funciones.
La reserva e inviolabilidad de la Ley de Comunicación, habla de comunicaciones personales; es decir, que no se pueden divulgar conversaciones personales a menos de que sea de un
funcionario público cuando entremete su ejercicio público en conversaciones personales. “Ese es el nicho fundamental, confrontar la parte final del artículo 178 con el artículo 31 de la Ley de Comunicación”, analiza Ron.
Esta confrontación entre artículos se vuelve más compleja cuando una investigación ya no aborda a funcionarios públicos, sino personas del sector privado. “Pues se mezclan mensajes personales con corrupción (…) eso te queda ahí saltando, cuando existe corrupción entre privados y sin la intromisión de un servidor público”, agrega Ron.