Putrefacción

En la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, un fantasma recorría los pasillos. Su mano invisible impide que se construyan calles, que los medicamentos lleguen a los hospitales o que los trabajadores reciban salarios dignos. Como los malos olores, no los detienen las clases sociales, las buenas maneras ni las fronteras. Se trata del viejo y conocido espectro de la corrupción, que en los últimos meses ha cobrado un protagonismo continental con escándalos de marca mayor en varios países de la región.

En Argentina, desde hace varios años hay fuertes sospechas de que la presidenta, Cristina Fernández, y su esposo y predecesor, Néstor Kirchner, se enriquecieron a costa del erario público. Y aunque el gobierno lo ha negado, la sociedad está profundamente dividida. El asesinato del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado cometido en 1994 contra un centro comunitario judío que dejó 86 muertos (el más grave de la historia de Argentina), ha enrarecido aún más el ambiente. Por un lado, Nisman estaba a punto de acusar a la presidenta de encubrir al gobierno de Irán, uno de los principales sospechosos de haber organizado la matanza. Y por el otro, la investigación de su deceso ha estado plagada de irregularidades y de filtraciones que han fortalecido la sensación de que el crimen nunca se esclarecerá. Consecuentemente, las tres primeras economías de la región se encuentran estancadas en la zona media del Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por la ONG Transparencia Internacional (TI), y se ubican peor que países asociados tradicionalmente a altos niveles de corrupción, como Liberia y Gabón. Por otro lado, en los 20 menos corruptos de la lista no aparecen países latinoamericanos, pero en la zona baja –y al mismo nivel de naciones en guerra abierta como la República Centroafricana y Yemen– se encuentran Paraguay y Venezuela. Importantes políticos de ambos países aparecieron en el escándalo. En buena medida, el caso latinoamericano se explica por la entrada en las dos últimas décadas de una gran cantidad de recursos mineros o energéticos a las arcas de los gobiernos de la región.