Senplades tenía un plazo de 30 días para entregar la propuesta. Organizaciones pedirán hoy un diálogo.
¿A dónde irán las competencias del Ministerio de Justicia? La pregunta la repiten las organizaciones sociales. El 23 de agosto, el presidente, Lenín Moreno, le dio 30 días a la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) y a la Secretaría General de la Presidencia para elaborar la propuesta de la ‘optimización institucional’.
A 55 días de esa fecha, se mantiene la incertidumbre. De información extraoficial, se conoce que se fraccionará a la Cartera.
Derechos Humanos pasaría a la Cancillería, la Dirección de Indígenas en Aislamiento Voluntario al Ministerio de Ambiente, el sistema de rehabilitación social y adolescentes infractores a un organismo autónomo, posiblemente adscrito al Ministerio del Interior, y la política de erradicación de la violencia a la mujer al Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Pero, “todo es una nebulosa”, criticó Manuel Martínez, del Pacto por la Niñez, una de las organizaciones que se unió para buscar un diálogo con las autoridades. En Senplades, la respuesta es que el traspaso se confirmará cuando Moreno emita el decreto presidencial.
Propuesta
La primera reunión de las organizaciones fue con el ministro encargado de Justicia, Paúl Granda, quien ofreció organizar un diálogo con Senplades. La anterior semana se reunieron con un delegado de la ministra del Interior, María Paula Romo.
Hoy, frente a que “el compromiso de Granda no se cumplió”, dejarán una carta en Presidencia y otra en Senplades solicitando presentar su propuesta: la creación de una Secretaría Nacional de Derechos Humanos, con autonomía, para no fraccionar las políticas públicas de Derechos Humanos y Justicia.
“Creemos que hay un momento
político diferente, más abierto, más democrático. ¿Por qué no responden? Estamos esperando”, cuestionó Martínez. Las organizaciones enviaron una misiva a Senplades y la respuesta fue un fundamento legal de la facultad del Presidente de crear, modificar y suprimir ministerios, donde se dice que “los ajustes planteados en ningún caso suponen que el Estado deja de ejercer sus responsabilidades en cuanto a la prestación de servicios o garantía de derechos”.
Una entidad autónoma que dirija la política de Derechos Humanos es el “escenario ideal”, confirmó el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Juan Pablo Morales. Sin embargo, dijo que “no corresponde con la intención del Gobierno de optimizar”. “Me parece complicado que esa posición permee, pero me parece lógico el planteamiento”, puntualizó.
EL DATO