ENTREVISTA.
WASHINGTON PESÁNTEZ APUNTA AL RESPETO DE LAS LIBERTADES
BÉLGICA, Université Catholique de Lovain. Ese fue el punto de encuentro entre Washington Pesántez Muñoz y el presidente Rafael Correa, hace casi 30 años. Un lapso largo transcurrió desde entonces, pero hoy, según se percibe en las palabras de nuestro invitado, la justicia parece haber abierto un mar de diferencias entre ambos, al punto de que Pesántez desde la orilla opuesta, el Movimiento Unión Ecuatoriana de centro izquierda, busca alcanzar la primera magistratura del país y formula severas críticas al régimen que lidera el jefe de Estado.
¿Por qué desea ser presidente de la República?
Por convicción democrática y responsabilidad ciudadana, frente al escenario de crisis institucionalizada por un sistema concentrador de poder que avasalla los derechos, germen de empobrecimiento de los ecuatorianos y la aparición de la nueva clase política corrupta, cubierta con el manto de una supuesta revolución. Considero obligación cívica aceptar el reto de la candidatura presidencial, para ofrecer al país una opción de gobernabilidad basada en principios de independencia de las funciones del Estado, austeridad fiscal y económica, respeto a los derechos humanos y decencia al ejercer el poder.
¿Qué de bueno rescata de la gestión del actual presidente?
La ampliación de la cobertura de los servicios de salud y educación, y los proyectos hidroeléctricos orientados a reemplazar la generación termoeléctrica, bajar costos de sus servicios y apoyar las actividades productivas.
¿El gobierno respetó los derechos humanos? ¿Por qué?
No. El ejercicio del poder en 10 años de revolución ciudadana se caracterizó como autoritario, excluyente y abusivo, desarrollado con inusitada violencia institucional para avasallar derechos fundamentales como las libertades de asociación, expresión, acceso a la educación y formación universitarias, la seguridad jurídica anulada por la subordinación total de la Función Judicial y los órganos de control, el derecho a la resistencia, por citar algunos ejemplos.
¿Qué opina sobre la Ley de Comunicación?
No tiene base legítima ni democrática; califica a la comunicación como servicio público, pero cuando este lo administra un Estado que subordina los derechos a regulaciones y decisiones de supuestos órganos de control dependientes de un poder y voluntad omnímodos que descalifican el disenso. Asistimos a un escenario que reprime y restringe la libertad de expresión, porque se pretende facilitar la difusión solo de temas que le convienen o interesan al po- der, anulando el acceso a información que le incomoda o cuestiona.
¿Supercom es una especie de seudojuzgado a órdenes del Ejecutivo?
Es evidente que organismos de vigilancia y control en esta materia, con autoridades designadas previa terna del Ejecutivo, en un modelo político concentrador y transgresor de derechos fundamentales, tienen un escaso o nulo margen de independencia, por lo que su manifiesta subordinación los convierte en meros ejecutores de órdenes o estimaciones superiores para juzgar contenidos de opinión o información, mediante censura disimulada.
Usted trabajó mucho años en el sector de la justicia. ¿Cuál sería el mejor método para evitar su politización?
Primero, adoptar y garantizar condiciones y presupuestos indispensables al desarrollo de un sistema en el que la independencia de las funciones sea real y efectiva (independencia externa). Segundo, conformar órganos técnicos de administración del sistema de la justicia no dependientes del nivel Ejecutivo ni de instancias políticas ajenas a ese sistema; e integrar juzgados, cortes y tribunales con procesos de concurso que faciliten la selección de profesionales con el perfil de idoneidad y probidad que requiere una magistratura, con grado de solvencia jurídica compatible con el principio de independencia interna.
¿Qué opina sobre la reforma judicial liderada por el Consejo de la Judicatura? ¿Ha impactado positivamente en la gente o no? ¿Por qué?
El Consejo priorizó obras de infraestructura física y equipamiento, que no suponen, por sí solos, dotar de calidad a los servicios de justicia, porque este presupuesto no depende solo de la tecnología, sino básicamente de la cultura jurídica de quienes operan el sistema. Se ve la maximización de soluciones en cantidad, sin importar contenido y calidad de las resoluciones judiciales, en un escenario de precarización de las respuestas a los conflictos, que se resuelven imperfectamente, o no de modo integral, que no justifican los altos presupuestos e inversión que se destinan a la Función Judicial, y por tanto no generan impacto positivo a los