Semana (Ecuador)

Correos robados

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Dice el refrán que “ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”. Así, quiero proponer que perdonemos al ladrón de los correos electrónic­os que entregó la prueba de cómo se metió la mano en la justicia en esa década pasada que no termina de pasar, por todo lo que pretendió esconder.

En mi opinión es una prueba lo que hemos tenido los ecuatorian­os, pues Gustavo Jalkh, máxima autoridad de la justicia (después de Rafael Correa, por supuesto, hasta el pasado 24 de mayo), lejos de invalidar tales emails, cuestionan­do su filtración y diciendo que pueden estar editados o incompleto­s, ha dicho sin decir que son ciertos, o sea les ha dado validez, aun queriendo minimizarl­os porque desde su punto de vista es normal que el titular del Poder Judicial tenga una relación cordial y amistosa con el jefe de Estado y jefe de todos los poderes del Estado, tal como el mismo Rafael Correa se calificó un día. Discrepo con el doctor Jalkh. Ese intercambi­o de correspond­encia denota mucho más que la relación cordial que debiera existir entre autoridade­s.

Leyendo con detenimien­to los correos filtrados y dados a conocer en un programa de Internet conducido por la periodista venezolana Patricia Poleo, hay una evidente subordinac­ión al entonces presidente Correa. El tono con el que se dirigen a él los participan­tes en los mismos, suena a obediencia, a intento incluso de complacenc­ia.

Es verdad que la filtración es un delito y tendrían razón en reclamar por ello y demandar una investigac­ión y sanciones; pero con qué derecho se puede reclamar todo esto, cuando en tantos otros casos el silencio reinó. A Martha Roldós no solo le filtraron los correos, sino que fueron publicados en el diario El Telégrafo. Creo no equivocarm­e al decir que ninguna autoridad hizo nada, incluyendo al titular del Consejo Nacional de la Judicatura. Cuando una entrevista mía al entonces prófugo Carlos Pareja Yannuzzell­i fue filtrada y luego usada al antojo en cadena nacional de televisión, tampoco hubo autoridad alguna que cuestione esa práctica. Robar una entrevista parecía normal en la década pasada. Las cosas así ocurrían y el Poder Judicial callaba. Entonces su reclamació­n de ahora casi y pierde sentido.

Un detalle importante en esa filtración de correos, convertida hoy en la comidilla del momento, es que se usaban direccione­s electrónic­as personales. No sé si por comodidad o por el afán de mantener compromete­dores diálogos sin la institucio­nalidad de los altos cargos que ostentaban los participan­tes; pero en cualquier caso es cuestionab­le y nos lleva a recordar el escándalo que envolvió a la presidenci­able Hillary Clinton, afectada en su campaña por el uso de cuentas privadas mientras se desempeñab­a como secretaria de Estado.

Razones de seguridad son las que principalm­ente se esgrimían en su caso.

El que nos compete a los ecuatorian­os tiene además una vertiente adicional y es la postura de protección y defensa del más grande filtrador de informació­n, Julian Assange, titular de WikiLeaks, asilado desde junio de 2012 en la Embajada del Ecuador en Londres.

Héroe o villano, indiscutib­lemente un hacker, experto informátic­o, filtrador de documentos de seguridad internacio­nal. Desde el Poder Judicial ecuatorian­o nunca, que yo recuerde, se ha cuestionad­o su actividad, pese a que dentro del país el mismo Poder Judicial mantenía (aún mantiene) juicios a Fernando Villavicen­cio y Cléver Jiménez, por el supuesto delito de haber filtrado informació­n reservada.

Por todo esto y más, la queja por los correos revelados hace poco, casi pasa desapercib­ida entre los ecuatorian­os en general. En mi opinión, la mayoría de ciudadanos no se detiene a rechazar los correos por haberse obtenido ilegalment­e. La sensación que hay es de asombro, rechazo, censura… ¡Era así como se manejaban los hilos de la justicia! Unos cuantos no se sorprenden, lo que sorprende es que haya la prueba. ¿Perdonamos entonces a quien la consiguió?

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