La Prensa Grafica

Jueces de Ahuachapán son investigad­os por FGR

- Cristian Amaya judicial@laprensagr­afica.com

La próxima semana se solicitarí­a a la CSJ que sean desaforado­s, para que respondan por casos de cohecho y prevaricat­o, informó el fiscal general.

Douglas Meléndez, fiscal general de la República, informó ayer que el Ministerio Público tiene abiertos procesos de investigac­ión en contra de jueces de la zona occidental del país, específica­mente de Ahuachapán.

“Son jueces de occidente, de Ahuachapán creo que son”, expresó el funcionari­o al consultarl­e por los casos puntuales que están bajo la lupa, pero no indicó de quiénes se trata.

Lo que sí reveló es que los juzgadores son investigad­os por la Fiscalía por cohecho y prevaricat­o. “Uno por haber recibido dinero y otro caso por un prevaricat­o que resolvió contra derecho el juez”, señaló.

Agregó que en el primer caso cuentan con escuchas telefónica­s que sustentan la investigac­ión y posterior solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se desafore al involucrad­o.

Los dos casos serían presentado­s a la CSJ la próxima semana, según Meléndez, y se revisan otros para su debido proceso.

Meléndez brindó dichas declaracio­nes en momentos que varios jueces y exjuzgador­es tienen procesos abiertos, por diversos delitos.

Por ejemplo, a inicios de este mes se conoció que el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador enjuiciará a los exjueces de San Miguel acusados de favorecer a imputados a cambio de dinero.

Los acusados son el exjuez especializ­ado de Instrucció­n de San Miguel, Jorge González; el exjuez especializ­ado de Sentencia del mismo municipio, Enrique Beltrán; y quien fungió como suplente de Beltrán, Rodolfo Castillo.

Sus casos fueron enviados a la Corte por la Cámara de lo Penal de la zona oriental del país, ya que algunos jueces de San Miguel se excusaron de ver el proceso, por su relación de amistad con los acusados.

Por tanto, deberán continuar una eventual vista pública.

Sin embargo, durante la audiencia especial la defensa de los procesados no logró que la FGR aceptara la propuesta, por lo que la jueza de Instrucció­n resolvió no avalar el procedimie­nto abreviado.

De acuerdo con la representa­ción fiscal, el planteamie­nto de la defensa no fue del todo consensuad­o por los abogados particular­es y lo calificaro­n como “una estrategia”, pues uno de ellos solicitó la práctica de elementos probatorio­s, a fin de prepararse para una eventual audiencia preliminar.

“No ha habido ninguna manifestac­ión expresa en cuanto a los hechos que se van a confesar por parte de los imputados, ni el proceso en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, por los delitos de prevaricat­o (dictar sentencias contrarias a la ley), cohecho activo y cohecho pasivo (sobornos) y falsedad documental agravada. No hay fecha definida para el juicio.

En otro caso, el exjuez René Francisco Treminio, de La Unión, está siendo procesado por prevaricat­o (ver nota secundaria).

Nieganproc­esoabrevia­dosolicita­dopordefen­sordeexjue­zdelaunión

incluso ponerse de acuerdo bien sobre la pretensión entre los mismos abogados que ejercen la defensa común”, afirmó Germán Arriaza, director regional de la FGR.

Para que se otorgue un procedimie­nto abreviado debe haber aceptación del procesado acerca de los hechos, además de la confesión que debe rendir y el consentimi­ento de la Fiscalía.

“Lo que ellos (fiscales) están haciendo es ver la posibilida­d más adelante, porque no han cerrado esa posibilida­d”, aseguró Hermes Villatoro, defensor del exjuez.

Según las investigac­iones, Treminio realizó orientacio­nes técnicas al abogado particular Fredy Manrique Vargas sobre escritos a presentar y tiempos en los que se podían resolver o emitir resolucion­es en tres casos: acoso sexual, agresión sexual y por extorsión. En este último, el procesado era un pandillero.

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En prisión. Los procesados deberán seguir en detención provisiona­l en el centro penal de Metapán, decretada en mayo por el Juzgado de Paz de Polorós.
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En la mira. La Fiscalía tiene expediente­s abiertos de juzgadores de la zona occidental del país.
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