Para garantizar su progreso, el país está necesitando más predictibilidad y más coherencia en todos los aspectos del quehacer institucional

Lo que tenemos ahora a diario es un constante desfile de acontecimientos de la más variada índole, en el que se mezclan lo negativo con lo positivo en una fusión que tiene muchos efectos desestabilizadores pero que también va dejando ver facetas esperanzadoras. El proceso nacional entró sin duda en una nueva fase histórica después del fin del conflicto bélico, y eso debemos tenerlo presente en cualquier análisis que se haga sobre la realidad salvadoreña de nuestro tiempo. Y esta fase histórica en camino está inescapablemente marcada por la presencia de la democracia como régimen de vida en vías de afianzamiento definitivo en el ambiente. Tal caracterización debe también ser tenida presente siempre para que todas las acciones y reacciones que se dan en el día a día respondan a la naturaleza de nuestro proceso evolutivo tal como ahora se vive.

En el plano de los comportamientos institucionales se están dando situaciones verdaderamente innovadoras, como venimos señalando en forma persistente, a medida que los hechos se producen. Y esto, que provoca como es natural múltiples reacciones de la más variada índole, debe inducir también a hacer valoraciones y reflexiones sobre cómo encauzar lo que ocurre para que no se vaya a quedar en impulsos ocasionales sino que asuma carácter sistemático. También en el plano de los procedimientos y de las prácticas institucionales debe existir la debida coherencia, que abone a la predictibilidad como principio orientador y racionalizador.

En el país hemos estado acostumbrados a funcionar de manera improvisada y repentista, con lo cual se hace prácticamente imposible contar con la certeza básica sobre lo que puede pasar en situaciones determinadas. Eso es lo que hay que cambiar como práctica de vida institucional, para que la predictibilidad tome el puesto de la imprevisibilidad. Actualmente, en un tema tan delicado y sensible como es la lucha contra la corrupción, hay importantes avances en el terreno institucional, sobre todo en lo referente al rol de la entidad fiscal, encargada directamente por mandato constitucional de la investigación del delito; y eso hay que sistematizarlo con la claridad y la precisión del caso, para que el sistema de justicia cumpla de veras su función.

Lo primero de todo es asegurar que el Estado de Derecho se afiance de manera definitiva, de tal suerte que se vayan cerrando todos los espacios para la arbitrariedad y para la impunidad. Vemos señales muy prometedoras de que esto va tomando cuerpo en los distintos planos institucionales, pero siempre hay que tener en cuenta que la recomposición de las conductas públicas requiere mucho compromiso y mucha vigilancia; y en tal sentido la acción ciudadana es verdaderamente vital para que el buen desempeño vaya ganando cada vez más presencia y consistencia. La voluntad y la determinación de los funcionarios que están al frente de las instituciones claves, como son las que tienen a su cargo el aseguramiento de la legalidad en el terreno, llevan un rol decisivo en toda esta dinámica.

Aportemos todos, con lo que nos corresponde, para que nuestra sociedad en todas sus expresiones se vaya dirigiendo, de modo inequívoco, hacia la seguridad y la certidumbre que son indispensables para que el desarrollo se haga valer en la medida que se requiere a fin de que El Salvador sea un auténtico destino de progreso equitativo y constante.

EN EL PAÍS HEMOS ESTADO ACOSTUMBRADOS A FUNCIONAR DE MANERA IMPROVISADA Y REPENTISTA, CON LO CUAL SE HACE PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE CONTAR CON LA CERTEZA BÁSICA SOBRE LO QUE PUEDE PASAR EN SITUACIONES DETERMINADAS. ESO ES LO QUE HAY QUE CAMBIAR COMO PRÁCTICA DE VIDA INSTITUCIONAL...