Juzgado de Gotera ordena reabrir caso El Mozote
Juez está ordenando nueva investigación que apunta a enjuiciar al alto mando del Ejército en 1981, año en que se cometió la masacre en la que murieron más de 1,000 personas, según los querellantes del caso.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, ordenó ayer la reapertura del caso por la masacre perpetrada en el caserío El Mozote, en el norte de Morazán, donde más de 1,000 personas fueron asesinadas durante un operativo militar que duró tres días, según confirmó ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La masacre de El Mozote fue cometida en diciembre de 1981, pero el proceso penal se cerró gracias a la Ley de Amnistía en 1993, que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 13 de julio.
El juez de Gotera, con base en el fallo de la Sala de lo Constitucional, ha ordenado nuevas diligencias en el caso. Por ejemplo, ha mandado a pedir el registro de los miembros del alto mando de la Fuerza Armada (FAES) en la fecha que ocurrió la masacre. En esa época el ministro de la Defensa era José Guillermo García. Él, de hecho, fue deportado en enero pasado desde Estados Unidos, luego de que ese país estableció
DILIGENCIAS EL JUEZ NO SOLO ORDENÓ LA REAPERTURA DEL CASO, SINO QUE MANDÓ A PEDIR INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ALTO MANDO DE LA FUERZA ARMADA (FAES) EN LA FECHA DE LA MASACRE.
su participación en violaciones de derechos humanos, incluyendo el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y el caso de cuatro monjas de la orden Maryknoll.
“El día de hoy nos han notificado la reapertura. El juez deja sin efecto el sobreseimiento definitivo, y además ordena una serie de diligencias, como el cuaderno de actuaciones del batallón Atlacatl para la fecha. Es una resolución histórica, porque el caso no había sido reabierto a pesar de las múltiples solicitudes”, explicó Valentina Ballesta, abogada de CEJIL.
La decisión del juez no supone la captura de ninguno de los militares imputados, pero sí apunta hacia el alto mando de la FAES, según la querella. La nueva investigación recaerá en los autores intelectuales de la matanza. “Ahora se reabre imputando preliminarmente responsabilidad sobre varios oficiales y también a la cadena de mando del Ejército en ese momento. El juez determina que en vista de que se basa en una imputación preliminar, entonces no va a decretar una medida provisional”, explicó Ballesta.
CEJIL, con sede en Costa Rica, acompaña a la oficina de Tutela Legal María Julia Hernández como querellante en el país. De hecho, fueron estas agrupaciones las que, con base en el fallo que invalidó la amnistía, solicitaron al juez de Gotera la reapertura del caso en agosto pasado.
CEJIL y otras ONG también enviaron una carta al fiscal general de la República, Douglas Meléndez para expresarle su preocupación por la postura de la Fiscalía en el caso. Según el escrito, el fiscal dijo al juzgado del caso que “el proceso de mérito se encuentra fenecido como consecuencia del sobreseimiento definitivo dictado por el juez de la causa el día uno de septiembre de mil novecientos noventa y tres”.
En octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una condena al Estado por la masacre, estableció que la Ley de Amnistía no debía obstaculizar la judicialización del caso, y ordenó resarcir a las víctimas. En mayo pasado, y en cumplimiento a esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia entregó las osamentas a las familias de 11 víctimas, luego de exhumaciones iniciadas en 2014.