Juzgado autoriza a FOVIAL intervención en la calle San Miguel-sirama
Por un litigio que comenzó en 2007 por defectos en la infraestructura no podían darle mantenimiento a la ruta San Miguel a La Unión sin la autorización del juzgado, que fue otorgada el 22 de septiembre de 2016.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó ayer que el Juzgado Primero de lo Mercantil de San Salvador autorizó al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) darle mantenimiento rutinario a la carretera San Miguel-la Unión, conocida como calle Sirama, que tiene un alto grado de deterioro, el cual inició en el mismo año que finalizó el proyecto de construcción.
En agosto de este año se terminó el peritaje y la inspección de la ruta de 33.6 kilómetros, por lo que el MOP solicitó al juzgado permiso para hacer reparaciones, el cual fue autorizado el pasado 22 de septiembre. Pero serán de emergencia, no de reconstrucción, porque continúa el proceso judicial abierto contra la empresa demandada de origen guatemalteco Constructora Nacional, S. A. (CONASA).
“El tribunal nos hizo ver que como se está dirimiendo el caso en la justicia no podía el FOVIAL hacer obras estructurales; por ejemplo, no puede hacer una construcción ni reconstrucción, ni un mantenimiento periódico, sino solo un rutinario que le permitiera a la población transitar”, dijo el ministro del ramo, Gerson Martínez.
Las acciones a ejecutar consistirán en demolición de losas de concreto, excavación de estructuras, mejoramiento de base con material fresado, colocación de mezcla asfáltica. Se iniciaría este año con una inversión de $800,000 a través de dos contratos para atender dos tramos dañados y después se programarán otras etapas de intervención.
La ejecución de la obra se aprobó por FOVIAL en la administración de 2002, pero desde 2004 y antes de hacer el proceso de recepción que indica la ley previo al pago final, comenzó a presentar fracturas, agrietamiento profundo, hundimientos y desplazamientos de losas, baches abiertos y despostillamiento de esquinas. A pesar de eso, se le canceló a la empresa $15,999,999.99 del total del contrato.
“Ya las partes técnicas habían señalado que era evidente las fracturas, los agrietamientos estructurales de la calle. Los daños van desde el suelo, desde la subrasante, la base está fracturada y la carpeta de concreto hidráulico también”, agregó Martínez.
Se llevó al Juzgado Cuarto de la Mercantil para exigir el cumplimiento de fianzas y que la empresa respondiera por los defectos, el tribunal donde estuvo sin mayor avance hasta 2013. Luego se trasladó el caso al Juzgado Primero de lo Mercantil, que ordenó una prueba pericial en junio de 2014 y luego nombró otro equipo de peritos en octubre de 2015.
Con base en las condiciones que constataron los peritos, una reparación óptima costaría $31.9 millo- nes. “No solo fue el hecho de las anomalías y actos de corrupción, que es un daño al país, no solo son los $16 millones dilapidados, sino que ahí la población ha sido castigada por más de 13 años y con accidentes, ha habido múltiples accidentes”, añadió Martínez.