Víade solución

Una vía democrática para superar la difícil situación que vive El Salvador se expresa en la ecuación P+L+E+C, la cual es la suma de cuatro elementos: Participación Ciudadana (P), Localización (L), Empoderamiento Económico (E) y Cooperación Pública-privada (C). La idea-fuerza de esta ecuación es construir un entendimiento básico entre gobernantes y gobernados para sacar adelante al país.

Para contextualizar la vía propuesta, se destacan los siguientes puntos: (1) el avance científico-tecnológico está dejando atrás a los países que están atrapados en pensamientos arcaicos y comportamientos llenos de odio; y (2) las negociaciones políticas predominantes en El Salvador se manifiestan en el reparto partidario del aparato estatal y la falta de un Plan de País que tenga en su base el ordenamiento de las finanzas públicas. En este marco, a continuación se describen los elementos (P+L+E+C) que establecen una ruta para superar los principales problemas nacionales.

P (Participación Ciudadana): es el involucramiento activo y la capacidad de la población de contribuir en la toma de decisiones que afectan su vida. En este sentido, el acceso a la información pública y la inclusión ciudadana requieren una nueva relación entre representantes y representados. Por ello y en vista de los altos niveles de impunidad, corrupción y criminalidad, es necesario que los connacionales favorezcan la aplicación de la ley (persecución y sanción del delito) y exijan la rendición de cuentas.

L (Localización): es el cambio actitudinal e institucional a favor de las capacidades e iniciativas de desarrollo humano a nivel territorial. La propuesta es revertir el centralismo por medio de cinco líneas de intervención: (1) fortaleciendo la gestión pública a nivel subnacional; (2) enfatizando la prevención de la violencia a través de la cohesión social; (3) descentralizando progresivamente servicios públicos básicos; (4) mejorando la calidad de la educación pública; (5) invirtiendo en infraestructura básica en el interior del país para dinamizar las economías locales.

E (Empoderamiento Económico): es la adopción de medidas encaminadas a mejorar la contribución de las mujeres y jóvenes a la economía familiar y nacional. ¿Cómo? A través de: (i) la

2) Órganos del Estado cuyos elementos de dirección incumplen con sus obligaciones constitucionales “y nadie les dice nada”: Asamblea Legislativa, Presidencia de la República, CCR, anteriormente la FGR, etcétera.

3) Funcionarios pidiendo dádivas y concesiones a diversos países (EUA y Comunidad Europea) pero alabando públicamente a quienes atacan incluso con daños terroristas a esos benefactores de nuestro país.

4) Funcionarios y jefes de autónomas que han sido activistas de calle incluso llegando a efectuar huelgas de hambre y que ahora reprimen a quienes reclaman lo que consideran justas demandas: ministros y funcionarios de Salud, Hospital Rosales, ISSS, etcétera.

5) Jefes de Estado y funcionarios gritando contra la corrupción que luego enfrentan juicios por actos envueltos en ilegalidades.

6) Juicios amañados desde la propia Fiscalía General de la República descubiertos al cambiar autoridades en esa dependencia.

7) Oficinas de Información de las entidades gubernamentales que declaran “Reservada” la mayoría de la información sensible que solicitan los ciudadanos.

8) Secretaría de Transparencia que solo transparenta lo que desea, por educación y formación profesional, (ii) prácticas de desarrollo empresarial y (iii) el fortalecimiento de las capacidades de mujeres y jóvenes para acceder al mercado laboral, emprender un negocio e influir en políticas e instituciones públicas que priorizan la erradicación de la pobreza por medio del crecimiento económico.

C (Cooperación Pública-privada): es un mecanismo que responde a presiones fiscales y competitivas del entorno económico, con el objeto de hacerle frente a las crecientes necesidades de infraestructura y generación de empleo. Este dispositivo reduce riesgos y moviliza recursos públicos y privados, por lo que su implementación es incompatible con enfoques estatistas que obstaculizan la iniciativa privada y se oponen al diálogo público-privado para generar confianza y mejorar el clima de inversiones.

Conclusión: los gobernantes deberían suscribir un pacto fiscal que vaya más allá del problema de liquidez. De lo contrario, el ajuste fiscal será equivalente a “echarle gasolina a un vehículo cuyo conductor no tiene un mapa y desconoce cómo llegar al destino deseado”. Por ello, la sinceración de las finanzas públicas es una condición para implementar políticas públicas efectivas y superar la crisis que vive el país. Una vía de solución es la aplicación de la ecuación P+L+E+C. ejemplo los diversos casos de CAPRES.

9) Austeridad casi suplicada por las cifras del Ministerio de Hacienda y el despilfarro en los ministerios y órganos del Estado.

10) Presentación de cifras económicas maquilladas para no evidenciar el desastre de nuestra economía y la carencia absoluta de responsabilidad y rendición de cuentas de los encargados y responsables de expresar y presentar tales cifras. Brasil ha dado el ejemplo de cómo actuar en esos casos, conforme a la legislación.

11) Acusaciones por los manejos y resultados de la tregua con las pandillas y la exoneración de hecho de las personas responsables de la introducción de ilícitos en los penales porque son figuras religiosas o políticas de alto nivel.

12) El acoso a los funcionarios de la FGR y la anterior falta de seguimiento a los casos señalados como de narcoactividad y lavado de dinero.

13) Policías parapetados en sus puestos y el VMT queriendo quitar portones de seguridad en las residenciales.

Sí, Capitán General, sé que usted quiere resucitar, pero solamente ayúdenos a encontrar urgentemente a un estadista de su talla. Así sea.