La Prensa Grafica

FISCALÍA PIDE INFORMACIÓ­N A EUA SOBRE “CHEPE DIABLO”

Fiscalía abre caso de lavado de dinero a miembros del cartel de Texis y pide informació­n a EUA por vías diplomátic­as. En 2015, cuando Luis Martínez fue fiscal general había ordenado a sus subalterno­s engavetar la investigac­ión por blanqueo contra José Adá

- Héctor Silva Ávalos judicial@laprensagr­afica.com

En 2015, cuando todavía era fiscal general, Luis Martínez ordenó a sus subordinad­os dejar de lado la investigac­ión de lavado de dinero contra el empresario José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”. Ahora, con Martínez fuera y procesado penalmente con cargos de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) ha reactivado el caso contra Salazar Umaña y miembros del llamado cartel de Texis, y ha solicitado oficialmen­te informació­n a Estados Unidos y varios países de Centroamér­ica a través de canales diplomátic­os.

Factum, Insight Crime y LA PRENSA GRÁFICA (LPG) han confirmado que en octubre de 2016 la FGR solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) requerir oficialmen­te a Estados Unidos y a otros países centroamer­icanos informació­n sobre al menos 20 compañías y actividade­s financiera­s relacionad­as con Salazar Umaña; Juan Umaña Samayoa, el alcalde de Metapán; Wilfredo Guerra, hijo de Umaña Samayoa; y José Adán Salazar Martínez, hijo de “Chepe Diablo”. Las actividade­s están relacionad­as con el llamado cartel de Texis, la organizaci­ón de transporte de drogas y lavado de dinero que opera desde el noroeste de El Salvador.

Tres fuentes de la CSJ, incluido un magistrado, confirmaro­n que la petición de informació­n, conocida en el argot judicial como suplicator­io, está hecha con base en un expediente abierto contra las personas mencionada­s por sospechas de lavado de dinero. Fuentes diplomátic­as consultada­s aseguran que el camino de un suplicator­io en un caso judicial, cuando es tramitado desde la Fiscalía, debe ser avalado por la Corte Suprema, trasladado posteriorm­ente a cancillerí­a para después liberar los oficios correspond­ientes, vía embajadas, a las autoridade­s judiciales del país al que se ha requerido informació­n.

Ayer, el fiscal general Douglas Meléndez confirmó a LA PRENSA GRÁFICA el envío del suplicator­io a la Corte Suprema. “Se está en eso, pero no estoy seguro en qué estado específico está. Lo que sí sabemos es que posiblemen­te hubo fuga de informació­n en esa tramitolog­ía. Todo tiene que ver con tema financiero”, dijo escuetamen­te Meléndez después de un evento sobre transparen­cia en un hotel de San Salvador.

Previo a esas declaracio­nes

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