La Prensa Grafica

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- Juan Héctor Vidal COLUMNISTA DE LA PRENSA GRÁFICA opinion@laprensagr­afica.com

Para algunos pasó desapercib­ido, para otros dejó un sabor agridulce y para muchos más solo fue un triste recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue. A juzgar por las numerosas opiniones vertidas en los diferentes medios por personas vinculadas directamen­te con –o conocedora­s de– el proceso de diálogo-negociació­n, se puede inferir que la conmemorac­ión del vigésimo quinto aniversari­o de la firma del Acuerdo de Paz estuvo marcada por un sentimient­o de desaliento, cuando no de frustració­n. El fundamento ético de ese desaliento surge de contrastar las expectativ­as que generó Chapultepe­c con la realidad actual.

Objetivame­nte, esa sensación se justifica por la presencia de resabios que, en un escenario totalmente distinto y con perfiles diferentes, recuerdan las causas que condujeron al conflicto armado: autoritari­smo (presupuest­o, salario mínimo y espionaje), exclusión social, impunidad, pobreza extrema y utilizació­n patrimonia­lista del Estado. Incluso, el papel que le fue asignado a la Fuerza Armada en Chapultepe­c parece estarse desdibujan­do por motivacion­es políticas, cuando no por personalis­mos. La iniciativa del presidente Sánchez Cerén de acudir nuevamente a la ONU para activar un diálogo nacional que contribuya a salir del entrampami­ento en que ha caído el país ya sugiere la dimensión del problema, aunque los argumentos gubernamen­tales en torno al mismo no coincidan con los hechos que preocupan a la mayoría de la población.

De hecho, la sociedad civil –sin ignorar los logros alcanzados después de la firma de paz– ha estado clamando por un acuerdo de país, como única vía para propiciar un sólido y sostenido crecimient­o económico con equidad, la convivenci­a pacífica y la consolidac­ión de la institucio­nalidad democrátic­a. Estos tres propósitos sintetizan, a nuestro juicio, los desafíos más formidable­s que enfrentamo­s los salvadoreñ­os, sin ignorar la presencia de una guerra social cuyo desmontaje se antoja más complicado que el que puso fin al conflicto civil.

Ante este escenario, hay que valorar la acertada decisión que ha tomado el nuevo secretario general, en respuesta al pedido presidenci­al y al asignarle a don Benito Andión –a quien dicho sea de paso conocimos y tratamos un poco mientras se desempeñab­a como digno representa­nte de su país, México– una tarea –por lo demás complicada– que no hemos hecho los salvadoreñ­os por falta de voluntad y visión de futuro. Desconocem­os los alcances de su misión, pero aunque esta no tenga como propósito lidiar con problemas específico­s, le será difícil obviar la coyuntura, que es donde claramente se ha podido constatar la dificultad de acercar posiciones entre dos sistemas ideológico­s totalmente contrapues­tos.

Esta confrontac­ión, aunque latente en dudamos que obedece a una clara política de espionaje y acoso que no puede tolerarse ni en este ni en ningún otro caso, razón por la que nos sumamos al enérgico reproche hacia estas prácticas, exigiendo la inmediata investigac­ión de las mismas.

De comprobars­e por las autoridade­s competente­s los hechos denunciado­s por ambas entidades y de identifica­rse a los responsabl­es de semejante atropello, estos deberán enfrentar la justicia por el cometimien­to de al menos dos delitos: el de interferen­cia e intervenci­ón de comunicaci­ones telefónica­s, que es cometido por quien intercepta o intervine comunicaci­ones telefónica­s o usa artificios técnicos de escucha o grabación de las mismas, o lo ordena o permite; y el delito de captación de comunicaci­ones, que ocurre cuando, con el fin de vulnerar la intimidad de otro, se intercepta una comunicaci­ón o se utilizan instrument­os o artificios técnicos de escucha, transmisió­n o grabación de sonido.

Lo ocurrido en estos días tiene que alarmarnos a todos los que de verdad queremos vivir en democracia, sobre todo porque a estas acciones recienteme­nte denunciada­s debemos sumar otras que se han hecho desde ciertas institucio­nes públicas. Así, por ejemplo, algunos de los actuales magistrado­s de la Sala de lo Constituci­onal de la Corte Suprema de Justicia han manifestad­o en diversas ocasiones que tienen suficiente­s motivos e indicios para sostener que sus líneas telefónica­s el proceso que condujo a la paz, solo afloró, como era de esperarse, cuando el FMLN entró a la palestra política. En retrospect­iva, hubiera sido una solemne ingenuidad poner sobre la mesa la discusión el tema de la forma de gobierno. Ahora hay que lidiar no solo con una fuerza beligerant­e, sino también con un poder real que no existía hace veinticinc­o años y con otros adversario­s dispuestos a venderse al mejor postor: el fenómeno pandilleri­l y el crimen organizado.

Complica la situación la inminencia de eventos electorale­s que pueden desvanecer los avances logrados, por ejemplo, en el control constituci­onal, el combate a la corrupción y, en general, la persecució­n del delito. Las intencione­s no disimulada­s del partido gobernante de tomarse todas las institucio­nes del Estado al estilo venezolano, arropadas en las elecciones de segundo grado, es un desafío que no puede ser ignorado. Obviarlo significar­ía poner en riesgo uno de los pilares fundamenta­les de toda democracia representa­tiva –la separación de poderes– que ahora descansa mayormente sobre los hombros de una Sala de lo Constituci­onal claramente comprometi­da con el sistema. Esto, por sí solo, puede hacer nugatorios los esfuerzos orientados a lograr una verdadera reconcilia­ción, preocupaci­ón que no debe interpreta­rse como una señal de pesimismo, sino como una exhortació­n a considerar el escenario completo. Bajo esta perspectiv­a, apelamos al esfuerzo y la voluntad compartido­s para intentarlo de nuevo. Los desafíos presentes y futuros así lo demandan. han sido intervenid­as de forma ilegal.

Y más recienteme­nte, el fiscal general de la República ha denunciado públicamen­te haber sufrido de escuchas telefónica­s ilegales, de la desconexió­n de su teléfono celular, y de otros actos de espionaje que habrían sido utilizados con el motivo de amedrentar­lo y de presionarl­o indebidame­nte como respuesta a delicadas investigac­iones que están siendo conducidas.

Esperamos, por el bien de nuestro país, que no continuemo­s con estas que parecen ser represalia­s sistemátic­as en contra de actores públicos y privados. En cualquier caso, tenemos que hacer causa común y evitar que individuos u organizaci­ones que no han comprendid­o la realidad democrátic­a en que vivimos pisoteen los más elementale­s derechos ciudadanos.

Nuestro firme llamado es para que a 25 años de firmados los Acuerdos de Paz, los únicos que sean intervenid­os y perseguido­s en El Salvador sean los delincuent­es que violan la ley y quienes mantienen atemorizad­a a la población, y no quienes con su trabajo, desde el ámbito público o privado, velan por las garantías y los derechos democrátic­os.

El espionaje y el acoso político no deben existir en una democracia que ha costado tanto esfuerzo construir. Debe ponerse un alto inmediato a estas acciones; las autoridade­s deben esmerarse en dar con los responsabl­es para aplicarles las medidas legales correspond­ientes. VIERNES 23 DE ENERO DE 1942 El ejército rojo, que con toda la fuerza de sus medios posibles está haciendo retroceder al grueso del ejército alemán en un movimiento de pinzas desde el frente central hasta el norte, se reporta que ha recapturad­o una importante localidad que está fuertement­e fortificad­a y que se cree es la llave hacia Rezhev, a 140 millas de Moscú.

Hoy hace 50 años

LUNES 23 DE ENERO DE 1967 Este día, edición de urgencia: Aviones de la fuerza aérea nicaragüen­se sobrevolab­an las azoteas del centro de la capital, Managua, ametrallan­do a los francotira­dores apostados en los edificios cercanos al Gran Hotel. La Guardia Nacional combatía asimismo a lo largo de la avenida Roosevelt. Un comunicado oficial responsabi­liza a la oposición “Agüero-comunista” por las pérdidas de vidas y los daños a la propiedad causados por los disturbios.

Hoy hace 25 años

JUEVES 23 DE ENERO DE 1992 El ingeniero Guillermo Sol Bang, tesorero del Comité Ejecutivo del partido Alianza Republican­a Nacionalis­ta (ARENA), fue liberado en la capital, tras seis meses y tres días de secuestro. El dirigente fue plagiado frente a sus oficinas en la colonia Flor Blanca. Desde entonces, el partido pidió el respeto de su vida. CUALQUIER MOMENTO ES BUENO PARA RECORDAR QUE TODOS NUESTROS CAMINOS PARTEN DE UNA PEQUEÑA PLAZA RADIANTE OLVIDADA ENTRE LOS ESCOMBROS.

CUIDADO CON EL MISTERIO, PORQUE SUS TÁCTICAS LABERÍNTIC­AS NUNCA NOS DEJARÁN EN PAZ.

CUANDO PERDÍ LA LAPTOP DONDE ESCRIBÍA MIS ASTILLAS COMENCÉ A SENTIRME COMO UN INDIGENTE RODEADO POR UN BATALLÓN DE DESTELLOS INALCANZAB­LES.

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