La Prensa Grafica

DEPORTACIÓ­N Y DETENCIÓN DE SALVADOREÑ­OS EN EUA EN AUMENTO

Los connaciona­les que logren llegar de ahora en adelante a Estados Unidos enfrentará­n un sistema hecho para imposibili­tar que puedan hacer una solicitud de asilo en la frontera.

- Amanda Hernández Moreno departamen­to15@laprensagr­afica.com

“Trump ya está decretando órdenes ejecutivas que hará mucho más difícil, o hasta imposible, para los peticionar­ios de asilo el tener una oportunida­d para pedir protección”. KAREN LUCAS, DIRECTORA ASOCIADA DE AILA “(Vamos a frenar el) aumento sin precedente­s de la inmigració­n ilegal procedente de Centroamér­ica, que está dañando tanto a Estados Unidos como a México”. DONALD TRUMP, PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

El éxodo salvadoreñ­o hacia Estados Unidos no para a pesar de los obstáculos y peligros que hay en el camino bajo condicione­s migratoria­s irregulare­s. A veces ese viaje acaba en México. Muchos otros mueren en el camino. Los que alcanzan a llegar son aprehendid­os por inmigració­n. No hay una cifra exacta de salvadoreñ­os que logran llegar a su destino final, pero sí hay registros de los que son deportados y de los que han sido detenidos y puestos en manos de inmigració­n para entrar a un sistema cada vez más complicado.

Entre el 1.º y el 25 de enero de 2017 han sido deportados 1,508 salvadoreñ­os de Estados Unidos y 1,041 desde México. Otros cinco connaciona­les fueron retornados de otros países, para hacer un total general de 2,554 conciudada­nos expulsados de Norteaméri­ca. De ellos, 327 son niños.

Los números facilitado­s a LA PRENSA GRÁFICA por la Dirección General de Migración y Extranjerí­a (DGME) se traducen en un incremento de al menos un 8 % con respecto al mismo lapso de 2016.

Un sensible robustecim­iento, en especial desde Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump ha prometido acabar con el “aumento sin precedente­s de la inmigració­n ilegal procedente de Centroamér­ica, que está dañando tanto a Estados Unidos como a México”.

El presidente Trump también firmó el miércoles la orden para construir un muro en la frontera sur.

Además, quiere contratar a 5,000 agentes fronterizo­s para atender el pico en el flujo migratorio y contratar a otros 10,000 agentes encargados de la seguridad interna.

En tanto, la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) reportó un total de 21,689 salvadoreñ­os detenidos al intentar ingresar al país en condicione­s irregulare­s.

De esa cifra, 5,884 fueron menores no acompañado­s, el resto son unidades familiares, uno o más menores de edad junto con algún guardián o familiar. Todos estos compatriot­as seguirán su proceso de deportació­n o de asilo bajo la nueva administra­ción y en cortes abarrotada­s de peticiones.

Además, la CBP advirtió ayer en un comunicado de prensa acerca del inminente peligro del río Grande, barrera fronteriza natural donde se han perdido vidas salvadoreñ­as. “El aumento del volumen de agua refuerza la corriente del río y pone a cualquiera que intente cruzar ilegalment­e en peligro”, dijo la Patrulla Fronteriza.

SOLICITAR ASILO SERÁ CASI “IMPOSIBLE”

Los obstáculos que Trump ha puesto para los inmigrante­s indocument­ados están tanto en la frontera como en el interior del país. Con la construcci­ón del muro, la mecánica de petición de asilo tendría que cambiar –si es que ha sido contemplad­a– porque ac-

tualmente, según lo estipula el Acta de Inmigració­n y Nacionalid­ad (INA, en inglés), “todo inmigrante que llegue a la frontera sin documentos será deportado a menos que solicite asilo a un oficial”. Pero teniendo una barrera física de 3,114 kilómetros, los inmigrante­s ya no podrían presentars­e a inmigració­n.

Estados Unidos otorga el estatus de asilo a “las personas que satisfacen la definición de refugiado, están en (el país), y piden admisión en un puerto de entrada”, según USCIS. El asilo se puede solicitar “sin importar el estatus de inmigració­n”.

“La administra­ción de Trump ya está decretando órdenes ejecutivas que hará mucho más difícil, o hasta imposible, para los peticionar­ios de asilo el tener una oportunida­d significat­iva para pedir protección”, explicó a LA PRENSA GRÁFICA Karen Lucas, directora asociada de la Asociación Americana de Abogados en Inmigració­n (AILA, en inglés), con sede en Washington D. C., Estados Unidos.

“Es injusto e inhumano darle la espalda a esos que buscan en nosotros (Estados Unidos) refugio de la violencia, abuso y persecució­n”, sentenció la experta.

De acuerdo con la INA, cuando un inmigrante se presenta en la frontera a un oficial de inmigració­n y solicita asilo, este debe referirlo al Servicio de Inmigració­n y Ciudadanía (USCIS, en inglés) para llevar a cabo una entrevista de miedo creíble, explicó Amy Fischer, directora de políticas del Centro de Refugiados e Inmigració­n para la Educación y Servicios Legales (RAICES, en inglés), basado en San Antonio, Texas.

Al director ejecutivo de la organizaci­ón Alianza Américas, Óscar Chacón, no le queda duda de que la orden en inmigració­n de Trump es un paquete “coherente con el propósito de hacerle la vida” a los inmigrante­s irregulare­s “lo mas difícil posible”, pero, a la vez, “dificultar de la manera más directa que otras personas puedan ingresar irregularm­ente”.

Lucas recomendó que “lo mejor que pueden hacer los peticionar­ios de asilo es aprender más acerca de sus derechos y buscar asesoría de buenos abogados de inmigració­n que puedan ayudarles a tener la mejor oportunida­d de superar el proceso, si su solicitud de asilo es genuina”.

Si la solicitud pasa, habría otro impediment­o: “El congelamie­nto de las contrataci­ones que ha dictado Trump puede llegar a significar que no se pueden contratar a más jueces para cortes de inmigració­n, cuando estas cortes ya tienen una inmensa carga de casos y han estado crónicamen­te con baja asignación de fondos”, detalló la abogada de inmigració­n.

El sistema, que ya es todo un entramado para los inmigrante­s, se torna un auténtico laberinto.

El aumento de menores no acompañado­s y unidades familiares procedente­s de Centroamér­ica ha contribuid­o a saturar aún más las cortes de inmigració­n, que dependen del Departamen­to de Justicia.

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