Proponen ley para regular entrega de fondos a ONG
Diversos sectores han criticado que se les otorgue fondos a instituciones basándose en la afinidad política.
René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, propuso ayer crear una normativa que regule tanto a las instituciones receptoras de fondos públicos como a las instituciones del Estado que los otorgan y el uso que les dan. “Normar el proceso de implementación del programa de fondos concursables, a través del consejo de ministros, para otorgar financiamiento no reembolsable a organizaciones no gubernamentales (ONG)”, es el objeto de la ley para la asignación de fondos públicos a entidades sin fines de lucro, para actividades de desarrollo social.
La propuesta surgió debido a los recientes señalamientos que han recibido los ministerios de Educación y Gobernación, y la Asamblea Legislativa, relativas al destino que le dan a millones de dólares que van a parar a las finanzas de las ONG, fundaciones e instituciones educativas, y que en varios casos sirven para el financiamiento de estas.
LA PRENSA GRÁFICA publicó el días pasados un rastreo que se les hizo a las ONG beneficiadas en 2016. La investigación arrojó que en al menos 32 había participación de algún funcionario o exfuncionario público.
En total, del presupuesto del año pasado se destinaron DEL PRESUPUESTO DEL 2016 FUERON DESTINADOS A ONG. EN ALGUNAS DE ELLAS HAY PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS O EXFUNCIONARIOS. $8.9 millones. Para 2017 serán alrededor de $6.4 millones.
El último aval para otorgar estos fondos lo dio la Asamblea .
En la propuesta de ley de Portillo Cuadra se establecen principios fundamentales que deberán cumplirse, y que implica la participación del Estado y de las ONG.
De este modo, se establece la obligación de la Corte de Cuentas de la República (CCR), para que sea la encargada de auditar los fondos y que al finaldecadaproyectootorgueunfiniquito de lo financiado a las institucionesconfondosestatales.
También se contempla que lo que se financiaría serán proyectos, no organizaciones (como hasta hoy ha sucedido). Además, en las ONG concursantes no podría participar ningún funcionario público. Para quien no ejecute lo establecido en el convenio de financiamiento, en el proyecto de ley se establece responsabilidad penal, civil o administrativa.
Portillo Cuadra dijo que esperaba el apoyo de “todos los partidos políticos que se han pronunciado por la transparencia en los fondos públicos”.