Inseguridad afecta matrícula en las escuelas públicas
SIMEDUCO denuncia lo que considera actos arbitrarios en Santa Ana.
El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública (SIMEDUCO) expresa que hay disminución en la matrícula de estudiantes cada año, relacionada con el problema de inseguridad y porque el Gobierno ha abandonado el sistema educativo público.
“No hay seguridad en los centros educativos, no hay garantía de que un estudiante, media vez se matricule, va a terminar el año, no hay apoyo a la familia, las instituciones que velan por los derechos de los niños son las principales ausentes”, dijo Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO.
Por otra parte, Zelada denunció los actos arbitrarios de parte de la Dirección Departamental de Educación de Santa Ana en contra del Centro Escolar José Mariano Méndez, al pedirle que ponga a disposición cinco sueldos base y cuatro sobresueldos a partir de febrero. La directora del centro, Cecilia Carranza, explicó que la petición se hizo con base en la matrícula del 9 de enero, que era de unos 274 estudiantes en ambos turnos. Dijo que para el pasado lunes la matrícula ya era de 371 estudiantes en ambos turnos y que en este mes aún podrían matricularse más, pues el cierre lo hacen hasta marzo.
Poner a disposición los cinco sueldos base significa reducir cinco plazas y los cuatro sobresueldos significa que los docentes solo trabajarían una jornada y no dos. Eso tiene como efecto que en el turno de la tarde de nueve secciones se deje solo dos, que serían tercero y cuarto grados, el resto de alumnos tendría que remiterse al turno matutino.
“En ningún momento ellos nos dicen que las secciones se junten diferentes grados. Tercer grado tiene 15 alumnos en la tarde, cuarto grado tiene 19 alumnos en la tarde, solamente esas dos secciones se quedan, porque las demás secciones se tendrían que cerrar”, expresó Carranza.
Comentó que en la mañana no tendrían el espacio para atender a los alumnos que pasen de la tarde y se sobrecargaría a los docentes que los atenderían. Para Zelada, la disposición girada por la departamental es una especie de despido de los maestros, por lo que considera que no se está siguiendo el proceso legal respectivo.