Iglesia y universidades piden prohibir explotación minera
Anteproyecto de ley fue presentado por autoridades en la Asamblea Legislativa. Dicen que Ley de Minería vigente es obsoleta y que debe derogarse.
Representantes de la Iglesia católica, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y Cáritas de El Salvador pidieron ayer a la Asamblea Legislativa la prohibición absoluta de la exploración de la minería metálica, especialmente de oro y plata. Por esta razón presentaron a los parlamentarios el anteproyecto de la ley para la prohibición de la minería metálica en El Salvador.
Citando los resultados de un estudio de la Organización de las Naciones Unidas que constata que El Salvador tiene el mayor grado de deterioración ambiental de América, después de Haití, los peticionarios calificaron como un “suicidio colectivo” que se permita la explotación de metales preciosos.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, dijo, sobre la propuesta, que “los fundamentos son consideraciones acerca del deber de conservar la vida y el medio ambiente que la Constitución misma tiene salvaguardado en su articulado; y después, los daños que causa la minería y, por tanto, la propuesta que se prohiba de una manera absoluta, contundente”. Agregó que la Ley de Regulación de la Minería actual “es sumamente obsoleta y que no puede seguir esa ley porque nos deja en grave peligro”.
Por su parte, el rector de la UCA, el sacerdote Andreu Oliva, dijo que las empresas mineras siempre recurren a la astucia para llegar a las personas de los lugares que quieren explotar y también pueden llegar así al Estado.
Para Oliva, que haya permiso para la explotación minera en el país representa un “grave peligro para el medio ambiente y sobre todo al agua que el país tiene ya de manera muy escasa; entonces, que no se dejen convencer por estas empresas mineras que nos han engañado de distintas maneras”.
El año pasado, el Estado salvadoreño logró ganar una millonaria demanda a la empresa Pacific Rim, que ahora pertenece a Oceana Gold. La empresa reclamaba al país una indemnización de $250 millones porque se le negaron los permisos para explotar la mina El Dorado.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), órgano dependiente del Banco Mundial, falló a favor de El Salvador, por lo que la empresa deberá pagar al país un total de $8 millones para cubrir costos procesales del litigio.