En esta época de destapes constantes hay que desatar iniciativas para garantizar el buen manejo de los asuntos públicos, aquí y en todas partes
Adiario estamos viendo revelaciones que ponen al aire la corrupción que ha tomado carta de ciudadanía en las sociedades más diversas. Este fenómeno no tiene fronteras, como puede constatarse cada vez con mayor claridad, y por consiguiente ya se puede considerar que el destape de los comportamientos corruptos es uno de los signos más representativos de los tiempos que corren. Como hemos venido señalando en forma persistente, la globalización es un fenómeno expansivo por naturaleza, y se manifiesta al mismo tiempo en lo positivo y en lo negativo. Negativo es, por ejemplo, el trastorno que se produce por el mal manejo de las migraciones masivas que son típicas de esta coyuntura histórica; y positivo resulta, en su caso, que haya un impulso generalizado hacia la transparencia, derivado de la creciente participación ciudadana en los más variados ambientes nacionales.
Situaciones como la desatada por el destape del “Caso Odebrecht”, que salpica a estructuras políticas de cuando menos 9 países latinoamericanos, comenzando por Brasil, de donde es originaria dicha estructura, atrae ahora mismo la atención global. Y de seguro casos de la misma índole se continuarán destapando de manera sucesiva, así como otros de distinta naturaleza pero igualmente reveladores, como el caso de las presuntas defraudaciones de una figura pública tan relevante como Rodrigo Rato en España. Y en nuestro país, con menor relieve internacional como es comprensible, se están dando acciones para desenmascarar conductas corruptas y que llevan a tener ya en manos de la justicia a personas que desempeñaron funciones de gran relieve en la institucionalidad nacional, como es el caso de dos ex Presidentes de la República y de un ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Pero el destape, siendo tan conveniente y útil como es para producir limpieza en las estructuras institucionales y para generar confianza en el manejo de la actividad pública, no podría cumplir enteramente su cometido si no indujera de modo inequívoco al replanteamiento de la práctica en el terreno; es decir, si no hubiera un verdadero cambio en las plataformas de funcionamiento y en las estrategias de acción. Todo esto requiere que el ejercicio político se renueve positivamente desde su raíz, a fin de que se saneen los mecanismos de selección de todos aquellos que lleguen a los puestos de poder y de que haya un permanente seguimiento de lo que se hace desde los mismos. Garantizar la pertinencia de los esquemas de trabajo y la honradez de quienes los activan en el terreno de los hechos es un imperativo inexcusable si se quiere entrar en serio en una nueva era de renovación verificable en todos los sentidos.
La corrupción tiene a la impunidad como aliada directa e insustituible; y es por ello que es decisivo en todo este empeño que el imperio de la ley se vaya haciendo valer de manera incuestionable. En esa línea, el fortalecimiento de las instituciones claves, como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Órgano Judicial, se vuelve elemento básico de todo el esfuerzo. Hay que asegurar a toda costa que dicho fortalecimiento se vaya produciendo en forma sistemática.
Es alentador que hoy estemos en esta nueva dinámica, y que sea un ejercicio sin fronteras, ni internas ni externas. De seguro habrá muchos traumas en la ruta, pero al final esperemos tener una realidad más sana y un futuro más promisorio.
GARANTIZAR LA PERTINENCIA DE LOS ESQUEMAS DE TRABAJO Y LA HONRADEZ DE QUIENES LOS ACTIVAN EN EL TERRENO DE LOS HECHOS ES UN IMPERATIVO INEXCUSABLE SI SE QUIERE ENTRAR EN SERIO EN UNA NUEVA ERA DE RENOVACIÓN VERIFICABLE EN TODOS LOS SENTIDOS.