En abandono inmueble confiscado a Carlos Perla
El fiscal general, Douglas Meléndez, aprovechó su reciente visita a la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa para decir que tiene interés en que el inmueble confiscado al expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Carlos Perla, condenado por actos de corrupción, le sea entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para poder utilizarlo como centro de capacitación fiscal.
Meléndez se refirió específicamente a la vivienda ubicada en la finca Los Alpes, cantón Álvarez, en San Salvador. La cual fue valuada en $3.7 millones en 2004 y cuyo acceso es mediante la carretera que de San Salvador conduce al Boquerón. LA PRENSA GRÁFICA visitó el recinto y evidenció que el inmueble está completamente abandonado, y únicamente es resguardado por un agente contratado por el Ministerio de Hacienda, quien aseguró que las conexiones eléctricas y los cables de la vivienda fueron robados.
En 2007 el Juzgado Tercero de Sentencia ordenó que se le confiscara a Perla la vivienda en la finca Los Alpes, conocida en aquel momento como quinta Ave María. Perla fue condenado por haber recibido sobornos en asignación de proyectos: obtuvo el 10 % de cada licitación amañada. También fue acusado de usar recursos estatales para la construcción de esa lujosa residencia. Según dijeron testigos, pidió a personal de la ANDA para que le diseñaran la casa y utilizó agua, transporte y combustible de la autónoma para trasladar el material de la construcción.
En la sentencia emitida en 2007 el juzgado valoró condenar a Perla a 15 años de prisión por asociaciones ilícitas, peculado y negociaciones ilícitas en perjuicio de la administración pública. La fiscalía probó que Perla favoreció a una empresa con licitaciones, por lo que recibió $8.7 millones. El tribunal, por tanto, también ordenó que pasaran a las cuentas del Estado lo que Perla poseía en ocho certificados de depósitos a plazo y nueve cuentas bancarias.
El expresidente de ANDA recuperó su libertad en 2015, luego de varios intentos por salir libre, los cuales fueron denegados por autoridades judiciales.
La vivienda ubicada en las cercanías del Boquerón está a disposición del Ministerio de Hacienda. Fiscalía lo quiere para capacitaciones.