Las medidas extraordinarias son importantes, pero la complejidad de la temática de seguridad exige tratamientos más de fondo
En la más reciente sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa se aprobó, con 77 votos, la prórroga de las llamadas medidas extraordinarias que entraron en vigencia el 1 de abril de 2016, y que van destinadas, en buena medida, a lograr un mayor control de los reclusos en centros penales, para ir evitando que desde ahí continúe el flujo delincuencial hacia el exterior, como ha sido práctica creciente. El resultado concreto de dichas medidas ha sido beneficioso para avanzar hacia un estado normal de cosas en el país, pero evidentemente no basta para lograr el debido y suficiente control sobre el fenómeno de la violencia criminal tal como las circunstancias lo requieren, ya que es incuestionable que la situación de inseguridad proveniente del auge expansivo del crimen en sus diversas expresiones actúa en el terreno como una especie de trastorno que afecta profundamente al sistema nacional en su conjunto.
Desde hace ya bastante tiempo hemos estado insistiendo en la necesidad imperiosa de hacer un replanteamiento integral del esfuerzo que hace el Estado para darles respuesta a los diversos desafíos que se presentan en el campo de la seguridad, pues es patente con notorio dramatismo en la cotidianidad de la vida ciudadana que la ola delincuencial ha tomado en muchos sentidos dimensiones de tsunami, que golpea a cada instante el diario vivir de la gente, en todos los niveles de la realidad. El tema es desde luego multidimensional, y así hay que encararlo y tratarlo. Cada área delincuencial tiene sus propias características y presenta sus propios retos para el Estado de Derecho. Así, aunque el punto de los homicidios es el más lacerante por su naturaleza propia, es también el más manipulable según los intereses de los actores en juego, tanto desde la delincuencia como desde la institucionalidad. Hay otras líneas delincuenciales de gran impacto en el fenómeno real que no pareciera que reciben la atención adecuada, como es el caso de las extorsiones y el del control territorial por parte de los grupos de la criminalidad organizada.
La Policía Nacional Civil acaba de anunciar que pondrá en práctica nuevas medidas orientadas a desactivar el control que ejercen los grupos pandilleriles sobre el terreno. Esto es vital, si se quiere erradicar permanentemente la distorsión territorial que padecemos, ya que ahora mismo las cosas pasan como si la autoridad legítima estuviera a la defensiva frente al embate de las fuerzas del crimen. Lo ideal y necesario sería que la ley tomara definitivamente el dominio de la situación en general, imponiéndose como debe ser con toda su fuerza legítima. Esto implica una presencia arrolladora y constante en todas partes. Y en lo que toca a la extorsión, hay que atacarla a profundidad, porque es el mal delincuencial más erosivo que padecemos.
Como decimos en el encabezado, lo que verdaderamente estamos necesitando con urgencia es un plan integral de enfoque y de trabajo, para que ningún aspecto de tan compleja problemática quede suelto, porque al haber rendijas o portillos en el tratamiento lo que se propicia es la eventual reproducción de todas las distorsiones que configuran el fenómeno. Hay que empezar a trabajar ya, sin excusas ni demoras, en ese plan que lo abarque todo.
Esperamos que haya suficientes voluntades en línea para que dicho esfuerzo prospere de veras, porque, como es natural e indispensable, una tarea de esta índole y magnitud debe ser un ejercicio consensuado entre todas las fuerzas y sectores del país.
LO IDEAL Y NECESARIO SERÍA QUE LA LEY TOMARA DEFINITIVAMENTE EL DOMINIO DE LA SITUACIÓN EN GENERAL, IMPONIÉNDOSE COMO DEBE SER CON TODA SU FUERZA LEGÍTIMA. ESTO IMPLICA UNA PRESENCIA ARROLLADORA Y CONSTANTE EN TODAS PARTES.