Siguen críticas al uso que Gobierno da a fondos de impuesto para la seguridad.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, llegó ayer a la Asamblea Legislativa junto al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia para presentar el informe sobre el uso de los $152 millones de deuda que el país contrajo para las medidas extraordinarias contra la violencia.
En ese contexto, al funcionario se le consultó sobre las críticas al uso de los fondos que se obtienen del impuesto a las telecomunicaciones para financiar la seguridad, luego de que los diputados, a solicitud del Gobierno, redistribuyeron $7.5 millones para otros fines que no estaban contemplados en el decreto de este impuesto.
De estos fondos, por ejemplo, se le asignó $1,500,000 al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL). Ramírez Landaverde justificó esa decisión y dijo que con esos recursos el FOVIAL contratará a jóvenes para diferentes proyectos.
En redes sociales se cuestionó que el dinero para dar seguridad a la población sirva para “tapar hoyos”.
El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, ante las críticas del partido ARENA se comprometió a enviar la próxima semana una propuesta de reformas para redistribuir los fondos. Ciudadana y Convivencia deberá contratar una auditoría externa independiente, que permita garantizar la transparencia en el uso de dichos fondos. La auditoría deberá ser anexada en el informe a que se refiere el inciso anterior”, se lee en el inciso segundo del artículo número 11 del decreto sobre los $152 millones para las medidas extraordinarias.
Esa auditoría, de acuerdo con el diputado Ávila, tampoco se ha realizado y no se ha contratado a una firma de auditores externos.
“Pedimos que se dé cumplimiento al nombramiento de la auditoría externa. Supuestamente para los primeros 90 días (después de aprobados los $152 millones) debió existir eso. Eso tuvo que haber sido contratado el año pasado. Están pidiendo (el GOES) que se aprueben leyes, decretos y no cumplen lo que las mismas leyes exigen”, agregó Ávila.
El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dijo, ante los cuestionamientos de los diputados de ARENA, que están dispuestos a solventar los errores.
“Cualquier error se puede enmendar en el tiempo. En el término de los procesos estamos abiertos a perfeccionar los informes, las evaluaciones, los indicadores de impacto que se puedan acordar aquí”, agregó el vicepresidente Ortiz.