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Gobierno pagará por muerte indocument­ado

- Efe mundo@laprensagr­afica.com

Agentes fronterizo­s de California le dieron descargas eléctricas y golpes que le quitaron la vida.

El Gobierno de Estados Unidos indemnizar­á con $1 millón a los hijos del inmigrante Anastasio Hernández para resolver el proceso legal que su familia inició hace seis años cuando el mexicano murió tras recibir golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizo­s en California.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez federal, establece que la indemnizac­ión será dividida entre los cinco hijos de Hernández; mientras que se destinaría cerca del 25 % para cubrir los gastos de representa­ción legal, e indica la solicitud presentada ante la corte del distrito sur de California.

“Estados Unidos ha aceptado pagar la cantidad entera y está listo y dispuesto a pagar sujeto a la aprobación de esta petición”, detalla el documento, firmado por el grupo legal que representa a los deudos y al que Efe tuvo acceso ayer.

Hernández fue detenido el 28 de mayo de 2010 cuando intentó reingresar a Estados Unidos sin documentos. Horas más tarde, fue trasladado a la antigua zona de deportacio­nes cercana a la garita de San Ysidro en donde se registró un altercado que fue captado por dos testigos quienes grabaron un video con sus teléfonos celulares.

De acuerdo con la demanda, el suceso se habría iniciado supuestame­nte porque el mexicano no acató la orden de poner las manos sobre la cabeza.

En respuesta, agentes fronterizo­s arrojaron a Hernández al suelo, donde fue esposado y recibió una serie de golpes y descargas eléctricas que ocasionaro­n su muerte unos días más tarde.

La antigua zona de deportacio­nes, sobre lo que en aquel entonces era Puerta México, se encontraba a la vista de miles de peatones que ingresan diariament­e a la ciudad fronteriza de Tijuana (México).

En uno de los videos se escucha cómo Hernández pide ayuda en más de una ocasión, mientras que testigos pedían a los oficiales que detuvieran los golpes.

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Sin cargos. En noviembre de 2015, el Departamen­to de Justicia optó por no presentar cargos.
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