¡Respiración artificial!

Por lo que ha trascendido, el gobierno se siente aliviado –y complacido– por la colocación “exitosa” de bonos por $600 millones en un tiempo récord. Muchos lo dudaban por la degradación progresiva de que ha sido objeto el país por las calificadoras de riesgo. Bajo esas condiciones era previsible que el costo del dinero tomado a préstamo fuera más elevado que en el pasado, aunque la tasa inicialmente ofrecida (9 %) descendió a 8.625 %, debido, supuestamente, al “apetito” de los inversionistas por la deuda soberana del país. En el futuro, este rendimiento seguramente será considerado como una especie de piso por los potenciales acreedores, a menos que el país dé un giro de 180 grados en el saneamiento de sus finanzas públicas, lo cual parece difícil en el futuro previsible. Ergo, intereses más altos, más deuda.

Aún más, a juzgar por los compromisos ya vencidos del gobierno y a los que tiene que enfrentarse en el futuro cercano, esos $600 millones inmediatamente cambiarán de manos y una vez más tendrá que acudir a más endeudamiento para hacer frente otra vez a un problema de caja probablemente de mayores dimensiones que en el pasado. Incluso existe el riesgo de que el gobierno no cuente con los recursos de contrapartida que demandan los proyectos financiados parcialmente con recursos externos, ya se trate de organismos financieros o de países amigos. En esta categoría podrían estar los compromisos adquiridos en iniciativas de importancia estratégica como Fomilenio II y la Alianza para la Prosperidad.

Para muchos, este extremo podría estar a la vuelta de la esquina, pero da coraje observar cómo nuestros dirigentes tratan –si es que están conscientes de la gravedad del problema– de eludir sus responsabilidades para endosárselas a terceros. Uno podría entender que los cálculos políticos y el antagonismo salvaje que los acompaña no dan mucho margen ni siquiera para avanzar un ápice en la búsqueda de soluciones que impidan una catástrofe financiera de la que nadie se salvará y que afectaría, sin remedio, a los sectores más vulnerables.

Los constantes llamados de la comunidad internacional y especialmente de nuestro principal donante, para que unamos esfuerzos y voluntades en bien del país, siempre caen en saco roto, sin obviar sus preocupaciones en torno “a dónde está el dinero”, que lleva la impronta, cada vez menos subliminal, de atacar sin cuartel la corrupción campante. Muchos le damos la razón a la señora embajadora cuando insinúa que no es justo que los contribuyentes de su país lleven sobre sus espaldas el gran peso de nuestra proverbial irresponsabilidad. El saqueo de

En los días recientes hemos conocido que existen más de setenta procesos de investigación que están siendo conducidos en la Sección de Probidad, y que al menos cinco de ellos se encuentran en su etapa final. Esto significa que pronto serán sometidos a conocimiento de la Corte en pleno y que será esta la que tendrá que decidir si judicializa los casos.

Es a esto último a lo que queremos referirnos. De acuerdo con la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad y las decisiones que toma Corte en pleno no significan, bajo ningún punto de vista, que se esté condenando al funcionario investigado.

Lo único que implica es que existen elementos indiciarios suficientes, como para que en un proceso judicial con plenitud de trámite se discuta, pruebe y decida el posible enriquecimiento injustificado. La Corte no juzga; no es ese su rol en esta materia.

Siendo así, a los magistrados debe resultarles suficiente que exista una muestra o una señal que sin ser necesariamente contundente lleve a cuestionar el enriquecimiento de un funcionario en relación con el importe de sus ingresos y gastos ordinarios. Y de existir esa señal, respetando siempre la presunción de inocencia, debe remitir a la Cámara de Segunda Instancia para que sea ante ese tribunal que se identifique si existe o no la actividad ilícita. Fiscalía debe hacer su parte. que han sido objeto las arcas nacionales, mientras se expanden los lacerantes cuadros de pobreza, también enardece a la ciudadanía honrada.

Es más, en mi poca experiencia sobre las relaciones entre gobiernos y organismos internacionales, nunca observé una preocupación mayor y una disposición tan abierta a ayudar, como la que se le está dispensando a El Salvador. Misiones van, misiones vienen y sus interlocutores no parecen entender el lío en que estamos metidos, sin desconocer, por supuesto, lo difícil que es convencer a fuerzas políticas encontradas, contestatarias, revanchistas y cada una llevando agua a su molino. Da pena decirlo, pero además mienten descaradamente y hasta se engañan ellos mismos cuando le dan respiración al paciente solo para que pase la noche.

Y esto que no hemos tocado el problema de las pensiones, donde claramente subyace el desafío financiero más formidable que, quiérase o no, debemos enfrentar como país. El costo de posponer esta decisión no lo diluye la emisión de bonos “basura”, más bien lo incrementa. Si a nuestros dirigentes les queda un poco de decencia, los inquieta el futuro de sus propios descendientes y sobre todo valoran el significado de haber nacido en esta tierra, deberían de mandar al infierno todas las majaderías que están llevándonos al desastre. Esto incluye a tirios y troyanos. Ah, y no se olviden del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

***** PD. Ecuador, otro candil que se apaga.

Insistimos en esto porque hemos percibido en algunos magistrados una mezcla de apatía, desinterés y de inusitada resistencia por dar continuidad a un proceso que no debe tener marcha atrás; sobre todo porque se cuenta con el apoyo decidido de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional. Preocupa que incluso, en algunos casos, se perciba cierto temor, quizá ocasionado por las evidentes presiones de algunos investigados.

Nadie está diciendo que todas las personas investigadas deben ser remitidas a un proceso judicial. La sola existencia de la investigación jamás puede ser suficiente. Pero si del resultado de esa investigación surgen señales que ponen en duda las fuentes del posible enriquecimiento del funcionario, es obligación de los magistrados remitir a quien corresponda, para que se deduzcan responsabilidades.

La Sección de Probidad ya fue reforzada con nuevos elementos, razón por la que con propiedad podemos exigir que las investigaciones que ahí se conducen se agilicen y se mantengan con estrictos criterios técnicos.

Y en el caso de los magistrados, pedimos no dejarse amedrentar por presiones indebidas y no cesar en su contribución por luchar contra la impunidad y la corrupción. No pretendemos que los 15 magistrados estén siempre de acuerdo, pero les exhortamos a que en este tema en particular pongan especial énfasis en lograr el mayor consenso posible. Confiamos en ustedes.