ONU asesora a FGR y jueces en casos de crímenes de guerra
El fiscal general dijo que el país tiene el reto de romper con la impunidad generada por la amnistía y revelar la verdad de lo que pasó durante el conflicto armado.
Alberto Brunori, delegado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Centroamérica, anunció ayer que el organismo internacional está interesado en apoyar al sistema judicial y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presenten en el corto plazo casos de crímenes de guerra a los tribunales. Brunori explicó por qué es importante que El Salvador inicie, a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, procesos de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado.
“Más pasan los años y menos testigos van a haber, es por eso que creemos que, después de tantos años, ha llegado el momento, si no el país no sana las heridas... el tema es que el país puede volver a polarizar o abrir las heridas. A mí me parece lo contrario, por ejemplo, en El Mozote, donde no ha habido sentencia el país sigue polarizado”, dijo el diplomático durante su participación ayer en una entrevista televisiva del Canal 33.
Más tarde, Brunori participó en un foro sobre impunidad organizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la embajada de Canadá.
El representante del Alto Comisionado de DDHH de la ONU dijo: “Estamos capacitando a fiscales con metodología para procesar crímenes de guerra”.
Brunori defendió que la derogatoria de la ley de amnistía fue el primer paso para iniciar la ruta a la reconciliación nacional y que por ello es necesario que la ONU intervenga para fortalecer los equipos y fiscales, pero sobre todo preparar a los jueces para recibir los casos de crímenes de guerra.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 en julio del año pasado. El magistrado constitucionalista Florentín Meléndez dijo, días después, que esa sentencia sirvió para evocar a la justicia transicional, y que, más que una herramienta para penalizar casos, lo que se busca es que se reparen los daños que sufrieron las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, ocho meses después de esa anulación, la Fiscalía General de la República no ha presentado ningún caso sobre crímenes de guerra.
Ayer, durante el conversatorio, el fiscal general de la república, Douglas Meléndez, dijo que la institución que dirige no tenía una oficina ni los recursos para “responder a las obligaciones que nos dio la sentencia”. Además, reiteró que desde octubre ha solicitado fondos a la Presidencia de la República para ese fin, pero aún no ha tenido respuesta.
“A este momento tenemos un grupo de dos fiscales que están trabajando a tiempo completo en crímenes de guerra. Queremos hacer de esa unidad un grupo serio que dé respuesta como lo ha hecho Guatemala”, dijo Meléndez.
Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, dijo que actualmente “están siendo juzgados ocho militares de alto rango de Guatemala por hallazgo de fosas con osamentas”. Agregó: “Hemos trabajado mucho la prueba científica, testimonial y documental en estos casos (crímenes de guerra)”.
Meléndez agregó que el reto más importante de las instituciones y la sociedad salvadoreña es “romper con la impunidad generada por la amnistía”. “Si investiga a la exguerrilla, el fiscal es de derecha. Si a la FAES, el fiscal es de izquierda”, enfatizó.