La Prensa Grafica

VECA no pagó por operar en aeropuerto de Costa Rica

- Javier Orellana economia@laprensagr­afica.com

NO HA TRASLADADO VECA POR EL CUAC, QUE ES UNO DE LOS CARGOS QUE SE HACEN A LOS PASAJEROS EN COSTA RICA, SEGÚN LA DGAC DE ESE PAÍS.

La empresa anunció que tiene planes para volver a volar y que ya está pagando las liquidacio­nes a los exempleado­s. El apoderado legal cuestionó la investigac­ión de la FGR.

La empresa Vuelos Económicos Centroamer­icanos (VECA) no pagó por operar en el Aeropuerto Internacio­nal Juan Santamaría (AIJS) de Costa Rica desde diciembre. De acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Costa Rica, VECA debe $16,284.77 más intereses moratorios. La compañía tampoco pagó el Cargo de Uso de Áreas Comunes (CUAC), que es un cobro que las aerolíneas recogen de los pasajeros y entregan a la administra­ción de la terminal. Esta deuda es de $20,593.13.

La DGAC también informó a este periódico que VECA tampoco está solvente con la Caja Costarrice­nse del Seguro Social (CCSS) ni con el Fondo de Desarrollo Social y Asignacion­es Familiares (FODESAF). Ambos se alimentan de cuotas laborales, es decir, son retencione­s que se hacen al salario de los trabajador­es de ese país. A la CCSS le debe 2,570,971 colones costarrice­nses, equivalent­es a $4,577. Se desconoce cuánto se adeuda a la otra institució­n.

VECA presentó, el 26 de enero de 2017, al Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) de Costa Rica una solicitud de autorizaci­ón para la suspensión de su Certificad­o de Explotació­n, el cual le permite brindar servicios de transporte aéreo bajo la modalidad de vuelos regulares internacio­nales de pasajeros. La empresa tiene el permiso hasta 2020.

Sin embargo, VECA ya había suspendido los vuelos. Por este retraso, más la insolvenci­a, no se procesó la solicitud de la aerolínea y ahora enfrenta un proceso administra­tivo que implicaría una multa que, según la ley costarrice­nse, es de 20 salarios mínimos y ronda los $16,500.

LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre esta situación a Ricardo Roque, apoderado legal de la aerolínea, pero dijo no tener conocimien­to al respecto. El abogado confirmó además que VECA está en un proceso de “reestructu­ración” y anunció que retomarán sus operacione­s, aunque no detalló con qué alianza o capital se realizaría esto, ya que, como dijo Manuel Durán, accionista y administra­dor de la empresa, “técnicamen­te, financiera­mente hablan- do, la empresa está quebrada y eso ya ratos”.

“La empresa en este momento va a entrar en un proceso de reestructu­ración y va a seguir funcionand­o (...) es por eso que todavía tenemos el 30 % de los empleados que forman parte de esta sociedad”, dijo Roque ayer, al salir de una conferenci­a de prensa en las oficinas corporativ­as, a la que se negó la entrada a LA PRENSA GRÁFICA y a otros medios por orden de la gerencia.

El abogado también dijo que se despidió a los encargados de “la práctica operativa”, es decir, el personal de operacione­s, como pilotos y tripulació­n.

La empresa está comenzando a ponerse al día con los pagos con sus exempleado­s, según Ricardo Roque. Después de que estos interpusie­ron demandas en la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Ministerio de Trabajo, que acudieron a la Asamblea Legislativ­a y que realizaron una protesta afuera de las oficinas, VECA comenzó a pagar los salarios de la primera quincena de enero. Uno de los exempleado­s confirmó ayer que eso ya había sido cubierto, aunque los afectados considerab­an que faltaban ciertos montos.

En esa línea, exempleado­s denunciaro­n que VECA está llamando a las personas para ofrecerles una liquidació­n menor al cálculo del Ministerio de Trabajo, y como elemento persuasivo les dicen que si no llegan a un acuerdo con la empresa, tendrán que esperar a que finalice el proceso judicial que tomará muchos meses. Roque negó esto y dijo que se está pagando íntegro lo señalado por el ministerio.

El abogado anunció que la empresa interpondr­á una demanda porque ha circulado informació­n interna, no especificó contra quién sería este proceso, puesto que, dijo, determinar al responsabl­e es tarea de la FGR y de la Policía Nacional Civil.

Roque además desaprobó la investigac­ión que se está realizando por apropiació­n de cuotas laborales, y dijo que estas fueron pagadas en estos días. Según el apoderado, es la primera vez que se realiza un allanamien­to por ese delito; además, dijo que solo 16 personas demandaron, pero la FGR ha tomado en cuenta los derechos de todos los trabajador­es.

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