Conjuracontra lajusticia

La “persecución política” ha adquirido carta de ciudadanía; en ella se escudan muchos funcionarios para descalificar la aplicación de la justicia y expiar sus pecados. Olvidan que llegaron al poder, precisamente esgrimiendo, entre otros males, la violación sistemática de los derechos económicos, civiles y políticos más elementales. Es más, la estigmatización de la justicia –auspiciada desde los mismos centros de poder y generalmente asociada con sonados casos de corrupción– se ha convertido virtualmente en un producto de exportación, para ponernos en la vitrina internacional como un país donde las leyes son violadas sistemáticamente por los responsables de aplicarlas. Como se sabe, el blanco favorito ha sido la Sala de lo Constitucional por sus históricas sentencias y, más recientemente, la FGR.

Uno de los casos más escandalosos se dio cuando la AL quiso imponer como presidente de la CSJ a un personaje a simple vista dócil y entregado a la causa del partido de tomar por asalto todos los poderes del Estado. Habiendo sido vetado por la SC, por sus vinculaciones partidarias, sus padrinos acudieron infructuosamente El Estado es, guardando toda coherencia lógica y legal, la única entidad que, por medio de su Órgano Legislativo, pueda dictar normas de carácter general y cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos, salvo las excepciones que puntualmente se establecen en la misma ley.

De forma paralela y consubstancial a la facultad de legislar, surge la facultad de establecer sanciones a las posibles infracciones cometidas a una ley vigente, buscando que la ley dictada sea de verdad ejecutable, habida cuenta que el ser humano, en muchos casos, requiere del “incentivo” de la sanción para sentirse comprometido al cumplimiento de una norma de carácter difuso.

De ahí que todo cuerpo legal de naturaleza administrativa esté acompañado de sanciones y multas, cuando el administrado incumpla algún aspecto de la norma.

En el mundo, las cortes constitucionales han desarrollado abultada jurisprudencia la cual avala, por una parte, la estructura sancionatoria que deben tener las leyes; pero por otro lado, se ha establecido que toda sanción debe de guardar a la Corte Centroamericana de Justicia, que fue descalificada por la misma Sala para intervenir en el caso, aunque este dejó como evidencia el poco respeto que algunos personajes enfermos del poder tienen por la soberanía nacional. Su siguiente jugada fue imponer a otro aliado, que a pocos meses de ungido, fue destituido por las mismas razones.

Después vendría la actitud demencial de proponer, en un foro internacional, una censura contra la misma Sala por haberle quitado el fuero a los diputados suplentes, dando así una muestra más de su cínico e incongruente discurso sobre el nacionalismo que se autoatribuyen. Hoy nuevamente, el principal señalado por esos pasos en falso invoca el mismo estribillo de la “persecución” para impugnar la participación de dos magistrados en el proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.

Otro hecho vergonzoso ocurrió hace poco tiempo cuando un diputado desocupado, acompañado de un expresidente del PARLACEN, viajó a Washington para interceder por un dirigente del partido vinculado con un empresario procesado por corrupción y para denunciar a la embajadora Manes –quien ha estado muy activa en el combate de ese flagelo junto con otros colegas europeos– por su injerencia en los asuntos internos. Hace dos semanas volvieron a la carga acusándola de lo mismo, por apoyar a un grupo de jóvenes deseosos de contribuir a un novedoso proyecto. Hoy en día, también anda de la ceca

ciertos requisitos mínimos para que pueda ser efectivamente impuesta a un ciudadano.

Dentro de tales requisitos, los más relevantes son que el ciudadano sea informado o notificado del inicio del proceso sancionatorio en su contra, notificación la cual debe contener el detalle de los hechos que la entidad administrativa pretende determinar como ciertos y sobre los que se basa la aplicación de la infracción.

La notificación antes indicada es la piedra angular sobre la que se basa todo proceso judicial o administrativo mediante el cual se pretenda imponer una sanción, ya que si no existe la notificación o bien, fue realizada de forma irregular, de entrada el citado proceso implica una clara violación al derecho de defensa y de debido proceso que le asiste constitucionalmente a todo ciudadano.

Emparentado con el deber del aplicador de la norma de informar al ciudadano del proceso, se encuentra el de garantizar al mismo un debido proceso, en el cual se le garanticen el libre ejercicio de su capacidad de contradicción de la imputación, así como de la rendición de pruebas de descargo que obren en proceso del ciudadano; amén de facilitarle a este la ocurrencia de actividades probatorias que naturalmente no se encuentren en su capacidad de realización, como lo es el obtener prueba que solo se pueda desarrollar mediante órdenes judiciales, como lo es la obtención de documentos que obren en poder de terceros. Ello solo por citar un ejemplo. a la meca un defenestrado magistrado del TSE (igualmente vinculado al partido) acusando a la Sala de violentarle sus derechos. Sus quejas ante la CIDH solo han servido para enlodar más al país y para poner en evidencia que su interés en el cargo va más allá del patriotismo que reivindica. Pero sin duda el caso más emblemático es del expresidente Funes que se fugó a la “democrática” Nicaragua con el apoyo del partido, argumentando ser un perseguido político y que para escarnio de la democracia se burla de la justicia.

Probablemente siguiendo estos ejemplos, aliados de un indiciado por supuestos delitos de extorsión montan un circo en la capital gringa para unirse a la campaña contra la señora Manes, esta vez por no velar por los derechos de un conciudadano, cuando probablemente de regresar a Estados Unidos iría a pasar el resto de sus días en buen recaudo, por suplantar a autoridades de ese país. Al mismo tiempo, el empresario del cuento, que tenía arresto domiciliario, se fugó misteriosamente para recalar en Suiza argumentando que la FGR también ha violentado el debido proceso. En este caso, su defensa en Ginebra aparentemente ha sido muy convincente, pues hasta la INTERPOL está dilatando el proceso de extracción, según las autoridades competentes.

Todos estos casos han enlodado internacionalmente la aplicación de la justicia en el país. Ojalá que el caso de VECA y todos los otros desmadres de Alba no vayan a caer en esta categoría.

Finalmente, garantizando los aspectos antes indicados, el juzgador ya está en posición de dictar una sentencia, en la cual debe de buscar la proporcionalidad de la sanción que pretende la administración respecto a la infracción cometida.

Esa coherencia entre infracción y sanción restaurativa es esencial cuando se busca justicia, ya que, caso contrario, el Estado que ha obtenido un fallo a su favor, al obtener una sanción desproporcionada, se convertiría en un Estado vengativo, represivo y confiscatorio.

Lo anterior resulta importante, ya que entidades como SIGET, Defensoría del Consumidor, Dirección General de Aduanas, entre otras entidades administrativas, poseen cuerpos legales que les permiten obtener multas hasta del 300 % de lo originalmente adeudado por los administrados, lo cual provoca sentencias injustas y en algunos casos, francamente absurdas.

Al ser juez y parte en los procesos sancionatorios, los entes administrativos difícilmente dan crédito a los argumentos y pruebas presentados por los administrados; con lo que en muchos casos es imperativo acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo, como última línea para garantizar la legalidad de las decisiones.

La Sala de lo Contencioso Administrativo debe estar consciente de lo anterior y debe procurar agilizar de manera decidida los casos que están siendo sometidos a su análisis. Ya comienza a preocupar la acumulación de casos sin resolver. VIERNES 13 DE MARZO DE 1942 Es un hecho la construcción próxima de dos mercados al aire libre que la municipalidad llevará a cabo, en los barrios de Candelaria y de San Esteban. El primero será levantado cerca del llamado Triángulo del Modelo y el segundo en el edificio que antiguamente ocupó la cárcel de mujeres, cerca del parquecito.

Hoy hace 50 años

LUNES 13 DE MARZO DE 1967 Este jueves se reunirán en la capital todos los secretarios generales de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños ANDES 21 de Junio. Discutirán lo relacionado con sus gestiones ante el Gobierno y para lograr diferentes prestaciones y derechos, uno de ellos, el pago de los ascensos en forma simultánea a los maestros que lo hayan logrado.

Hoy hace 25 años

VIERNES 13 DE MARZO DE 1992 Unos 349 millones de colones se otorgaron en créditos para la adquisición de acciones de los bancos Agrícola Comercial y Cuscatlán, dijo ayer el presidente del Banco Central de Reserva, José Roberto Orellana Milla. Dio a conocer que la cifra total de ambos bancos alcanza los 440 millones de colones. RECUERDO QUE AL CERRO DE GUAZAPA, VISTO DESDE LA CARRETERA, LE LLAMABAN “LA MUJER DORMIDA”. Y PARA ROMPER EL CLISÉ FUE CONVIRTIÉNDOSE EN LA GUERRILLERA INSOMNE.

TODAS LAS FANTASÍAS VERDADERAS TIENEN DOBLE CARA.

LAS PIEDRAS PRECIOSAS DE MÁS VALOR SON LAS QUE NO RENIEGAN DE SU CONDICIÓN ORIGINAL DE GUIJARROS.